El presidente del Consejo de Ministros Walter Martos sostuvo este viernes un primer diálogo con el presidente del Congreso, Manuel Merino. (Foto: Jesús Salcedo/GEC).
El presidente del Consejo de Ministros Walter Martos sostuvo este viernes un primer diálogo con el presidente del Congreso, Manuel Merino. (Foto: Jesús Salcedo/GEC).
Editorial El Comercio

Mañana el nuevo presidente del Consejo de Ministros, , para pedir el voto de investidura. Luego de la del Gabinete liderado por en el mismo trance, el evento suscita particular atención.

Como mencionamos en los días pasados, las motivaciones mezquinas o ideológicas que dieron pie al resultado adverso que sufrió el Gabinete anterior no deben volver a primar. Ha transcurrido ya casi un mes desde a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En ese lapso, y en plena pandemia que viene costando decenas de miles de vidas y de puestos de trabajo, el segundo cargo más alto del Poder Ejecutivo ha permanecido vacante o inestable. Eso significa retrasos y políticas que se dejan de ejecutar, o que vuelven a fojas cero, cuando el liderazgo no es claro.

El Congreso tiene, por supuesto, la potestad de aprobar o no al grupo de ministros presidido por Martos. Es parte de las reglas de juego institucionales. Sin embargo, negar la confianza a un Gabinete en medio de la crisis sanitaria y económica más grande del siglo debiera venir, por lo menos, con argumentos de peso y explicaciones claras sobre los motivos que explican la falta de confianza. Ni lo uno ni lo otro ofrecieron los parlamentarios en el debate anterior.

Dada la alta rotación que tiene naturalmente el Ejecutivo del presidente –con un ministro nuevo cada 17 días, en promedio–, y el período de por lo menos seis meses que, según exfuncionarios consultados por este Diario, le toma a un nuevo ministro entender el cargo, empujar renovaciones innecesarias es irresponsable. Ministerios claves, como el de Economía y Finanzas, requieren estabilidad y predictibilidad.

Por otro lado, la política económica del Ejecutivo no puede ser un rehén de los fantasmas de algunos grupos políticos. En particular, el impulso a la minería es una herramienta obvia y necesaria que tiene el Perú a disposición para recuperar ingresos, dinamismo económico y tributos. No le faltó razón al entonces titular de la PCM, Pedro Cateriano, cuando hizo alusión al tema y remarcó que es más bien la minería ilegal –esa que muchos políticos evitan interesadamente mencionar– la que genera enormes costos al medio ambiente. Es una hipocresía –hay que decirlo– levantar el dedo acusador contra empresas mineras sujetas a fiscalización y que regularmente cumplen altos estándares ambientales, y hacer la vista gorda frente a la destrucción flagrante del medio ambiente que ocasiona la minería ilegal, sin contar además las serias violaciones a los derechos humanos que también se han registrado en esta última.

Bajo la bandera del medio ambiente se esconde en ocasiones el sesgo ideológico, pero también la búsqueda de intereses particulares. Desde los que persiguen mejorar sus propias finanzas –como las recordadas ‘lentejas’ del exdirigente Pepe Julio Gutiérrez o los hermanos – hasta los que buscan labrarse notoriedad política –como el exgobernador de Cajamarca Gregorio Santos o el actual gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres–, la oposición a la minería puede ser una práctica rentable.

Mal haría el Ejecutivo en dejarse amedrentar en base a medias verdades, dogmas desfasados e intereses ilegítimos. La próxima presentación del titular de la PCM, Walter Martos, debe mejorar los puntos débiles de su antecesor sin ceder a las presiones de un grupo antiminero minoritario. Le corresponderá entonces al Congreso plantear sus observaciones y, esperemos, dar finalmente el voto de confianza si la exposición fue exitosa. El Perú no tiene ni un día más que perder.