Editorial: Soltar la papa en tres actos y un discurso

“Hemos escuchado al gobierno nacional a través del presidente de la República y, en el espíritu de recobrar el clima de convivencia pacífica que el país requiere, le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días”, manifestó Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de Southern Perú, en un comunicado que confirma que la empresa propone una pausa en el proyecto Tía María.

El anuncio de la corporación minera se produjo poco después de que el presidente Humala pronunciara un vago e impreciso mensaje a la nación. En este, el mandatario empezó reafirmando su voluntad de mantener el Estado de derecho y la necesidad de hacer respetar los compromisos institucionales asumidos –lo cual está muy bien–. “Una acción como esta [suspender el proyecto], decidida unilateralmente por el Estado, tendría efectos nefastos tanto jurídicos como económicos. Tía María es un tema nacional”, afirmó el presidente. Luego, sin embargo, el señor Humala pasó a marcar distancia de lo acontecido en Islay de tres maneras distintas.

En primer lugar, el presidente negó explícitamente que haya existido alguna incongruencia entre el discurso sobre Tía María que tuvo cuando fue candidato y el que defiende ahora como jefe de Estado. “Frente a los enemigos de Arequipa que han querido enfrentarme a él [el pueblo] digo: La voz del pueblo es la voz de Dios. La decisión de las mayorías debe ser respetada”, señaló en el mensaje del viernes pasado. 

No obstante, como recordábamos en el editorial de ayer, la oposición que el presidente desplegó en la campaña del 2011 contra el proyecto Tía María es evidente, y hoy le pasa factura. En aquel momento, el entonces candidato decía a los opositores del proyecto en Cocachacra: “Nosotros los vamos a apoyar y vamos a luchar para que la voz de ustedes tenga carácter vinculante ante cualquier decisión política”.

La segunda manera en que el presidente marcó distancia fue conminando a “otros poderes del Estado” a hacer su trabajo, como si la ejecución de los proyectos de inversión y, sobre todo, la preservación del orden público, dependiesen de todos menos del Ejecutivo. “Solicito al Ministerio Público y al Poder Judicial administrar justicia y [hacer] caer el peso de la ley contra los delincuentes, asesinos y extorsionadores”, afirmaba el mandatario esta semana. Como mencionó el periodista Federico Salazar en una columna publicada en este Diario el día de ayer, “cada uno tiene que hacer su parte, pero justamente corresponde al jefe del Estado liderar la recuperación del principio de autoridad”.

En tercer lugar, el mensaje del presidente parecía volver a poner la responsabilidad respecto a la viabilidad del proyecto sobre la empresa que lo desea sacar adelante. Como si esta no hubiese corrido ya con los engorrosos procedimientos necesarios para presentar el EIA que el mismo gobierno aprobó; como si esta no hubiese optado por un método de provisión de agua mucho más costoso para evitar los conflictos que hoy enfrenta; en fin, como si esta no dependiese ahora de que sea el propio gobierno el que haga valer el Estado de derecho. El presidente se equivoca cuando demanda que la empresa “manifieste su voluntad y tome acciones para lograr el desarrollo de Arequipa”. Si alguien es responsable del desarrollo de la región, es el Estado que él representa.

Como decíamos antes, en lo que sí tiene razón el presidente Humala es en señalar que el proyecto Tía María no solo es importante por los US$1.400 millones de inversión comprometidos, ni por el trabajo e ingresos que ello generará para la región, sino por lo que significa como precedente para la imagen y sostenibilidad del país de cara a los siguientes años. En cualquier democracia funcional, el Estado tiene que ser capaz de garantizar seguridad para sus ciudadanos y sus actividades económicas legítimas. Ello, sin embargo, no se puede lograr sacando el cuerpo del problema cuando las papas queman.