Editorial: Sombras peligrosas

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es una de las instituciones públicas que han logrado, luego de ciertos episodios turbios, recuperar su credibilidad en los últimos años. El último caso que puso en tela de juicio su reputación –la “fábrica” de falsificación de firmas para lograr la inscripción de la alianza Perú 2000, del entonces presidente Alberto Fujimori, que involucró a funcionarios de esta entidad– fue hace 18 años. Desde entonces, luego de una reestructuración en el 2001, la ONPE se ha convertido en uno de los cinco organismos con mayor confianza ciudadana. Según una encuesta de octubre del 2017 hecha por Ipsos para este Diario, el 62% de los encuestados expresó su confianza en este órgano electoral.

Preocupa, entonces, que desde hace un mes se vengan conociendo varias acusaciones sobre un supuesto tratamiento privilegiado de la ONPE hacia el partido Podemos Perú, del ex congresista José Luna, sacadas a la luz primero en la revista “Caretas” y luego en el programa “Cuarto Poder”. Específicamente, respecto a su inscripción ante este órgano electoral para poder participar en las elecciones para la Alcaldía de Lima.

Primero, a fines de mayo, Susana Guerrero, la ahora ex jefa de asesoría legal de la ONPE, denunció que 400 planillones de firmas de Podemos Perú habían sido admitidos a pesar de que tenían espacios en blanco, cuando en ese caso el procedimiento es observar y devolver los planillones al Jurado Nacional de Elecciones para que este le pida al partido que los subsane. Luego, en varios audios presentados el domingo pasado por Yorlank Arenas, quien hasta hace una semana era el jefe del Área de Atención y Trámite Documentario de la misma institución, se oye la inquietud de Rosa Terrones (jefa del Área de Archivo Electoral y Verificación de Firmas) y de Juan Phang (subgerente de Verificación) por la celeridad del trámite de verificación de las firmas entregadas por este partido.

Sin duda, Podemos Perú no es el primer partido acusado en este proceso electoral de no cumplir a cabalidad con los requisitos para su inscripción: las agrupaciones de Enrique Cornejo y de Miguel Saldaña –Contigo Ciudadano y La Suma de Todos, respectivamente– habrían adulterado firmas, según el Reniec. Sin embargo, sí es la primera vez desde el 2000 que la sospecha de un mal actuar recae no solo sobre un partido, sino también directamente sobre funcionarios de la entidad electoral.

No ayuda, tampoco, la manera como la ONPE ha respondido ante esta crisis. No quedan claros los motivos por los cuales se ha separado del cargo a Susana Guerrero y suspendido a Yorlank Arenas. En el caso de Guerrero, el titular de la ONPE, Adolfo Castillo, ha afirmado que su remoción del cargo se debe a “caminos divergentes en cuanto al trabajo”, y en el caso de Arenas, la ONPE ha anunciado que lo ha suspendido por una investigación abierta por un caso ocurrido en el 2016. Y en cuanto a Podemos Perú, Castillo solo ha atinado a decir que fue un “mal manejo operativo” de parte de su institución el procesar la inscripción de planillones con espacios en blanco, una explicación que deja mucho que desear.

Tras las denuncias, la contraloría ha decidido intervenir a la ONPE e iniciar una acción de control, y en los próximos días emitirá un informe. El jefe de la entidad electoral también enfrenta dos procesos más: una investigación preliminar abierta contra los funcionarios que resulten responsables por la fiscalía y una investigación de oficio entablada por el Consejo Nacional de la Magistratura. Es necesario entonces que, teniendo en cuenta que las elecciones regionales y municipales ocurrirán en menos de cuatro meses, estas investigaciones lleguen a su conclusión con la mayor celeridad posible. De lo contrario, los cuestionamientos al jefe de la entidad electoral afectarán negativamente la legitimidad de esta, que tanto costó recobrar.