Editorial: Talando el futuro
Editorial: Talando el futuro
Redacción EC

Ya varias veces hemos señalado que, con las reformas correctas, el Perú podría convertirse en un país con una impresionante industria forestal, teniendo en cuenta la gran cantidad y riqueza de bosques que existe en nuestra nación. Lamentablemente, estamos aún muy lejos de llegar a contar con una institucionalidad que lo permita, como atestigua un reciente informe del .

El referido documento confirma un panorama desalentador. El Osinfor inspeccionó el 74% de títulos habilitantes forestales (contratos o autorizaciones) existentes entre el 2005 y julio de este año. Encontró, principalmente, numerosa información falsa en el procedimiento de aprobación de los planes de manejo, documentos que describen el número de árboles extraídos, su especie, volumen y ubicación. Asimismo, se encontraron otras irregularidades, como la extracción de madera en áreas mayores a las que se encontraban autorizadas o inclusive diversas modalidades de “blanqueo de madera”. 

La información es acorde con las noticias de las que de tiempo en tiempo damos cuenta. Hoy, por ejemplo, reportamos que en dos importantes tiendas en la ciudad de Pucallpa se incautaron aproximadamente 10 mil pies tablares de madera sin ningún tipo de documentación que ampare su procedencia y con huellas de haberse utilizado motosierra para el talado, lo cual se encuentra prohibido.

Del análisis realizado por el Osinfor se desprende también que solo entre el 2009 y el 2013 el volumen de madera extraído y movilizado ilegalmente en todo el país alcanzó un estimado de más de 208 millones de pies tablares. Ello contando solo con los datos derivados de las supervisiones, lo que deja de lado las miles de hectáreas que son tierra de nadie y que sufren de tala indiscriminada sin que el Estado pueda recabar ningún tipo de información. Esta situación se revela aún más complicada cuando reparamos en que el comercio ilícito de madera no es, ni por asomo, la primera fuente de deforestación, pues esta última se debe en principal medida a la agricultura migratoria, a la que se suma la minería ilegal. 

Si bien la PCM designó el 21 de setiembre al general en retiro como alto comisionado en asuntos de lucha contra la y ya se han anunciado mayores intervenciones y cambios normativos, lo cierto es que es necesaria una reforma aún más profunda.

Como hemos mencionado en anteriores oportunidades, el sistema de concesiones, bien diseñado, crea las condiciones para que quien explota el bosque además lo cuide y lo reforeste, para de esa forma poder volver a explotarlo. La razón es que el concesionario sabe que, si no lo hace, pierde oportunidades de negocio, está sujeto a sanciones e incluso puede perder el derecho de concesión. Sin embargo, nuestro actual sistema de concesiones sufre de graves problemas. 

Primero, fue víctima de la apresurada transferencia de competencias en este sector a los gobiernos regionales que, en muchos casos, no tienen las capacidades técnicas y logísticas para otorgar las concesiones. Segundo, la fiscalización de estas últimas se realiza sin recursos y por burócratas que en ocasiones pertenecen a círculos de corrupción. Tercero, las reglas bajo las que se han dado las concesiones (como plazos muy cortos) no han sido adecuadas en la mayoría de casos para atraer a grandes inversionistas especializados que garanticen el manejo sostenible de los bosques. Cuarto, la falta de seguridad en zonas dominadas por el narcotráfico o la minería ilegal dificulta el ingreso de cualquier operador formal.

La competencia del manejo de los bosques debería regresar al gobierno nacional. Se debe empoderar a los fiscalizadores y hacer una purga de los corruptos. Las reglas de las concesiones tienen que replantearse para volverlas interesantes para los grandes jugadores de la industria mundial. Y el debe jugar un rol clave para limpiar los bosques de las mafias de la droga y la minería ilegal que hoy lo dominan. Hasta que esto no suceda la frase “Perú país forestal” no será más que un lejano sueño.