Editorial: Tarjeta con descuentos
Editorial: Tarjeta con descuentos

A pesar de las consistentes ventajas y libertades que ofrece la economía de mercado, esta no goza de buena reputación entre un sector significativo de la población. Parte de la explicación se halla en la confusión que existe entre una economía de mercado funcional, por un lado, y un sistema mercantilista –o de obtención de rentas ilegítimas–, por otro. Mientras que en la primera se promueve la competencia entre empresas en igualdad de condiciones para ofrecer productos mejores y más baratos para los consumidores, en el segundo se usan favores o poderes políticos para inclinar la balanza a favor de ciertas empresas o industrias.

Los beneficios tributarios –a través de los cuales algunos están exentos de impuestos u obtienen subsidios que otros no– son un ejemplo clásico de sobrepesos en la balanza. La historia viene a cuento porque esta semana Adrián Revilla, gerente general de la , reveló que la banca nacional y el gobierno están trabajando en una propuesta para incentivar el uso de sistemas de pago electrónicos a través de una rebaja de dos puntos en el IGV para compras hechas con tarjetas de crédito y débito. El objetivo, dice Asbanc, es contribuir a la formalización de la economía.

Más allá de las ventajas que pueda traer el proyecto planteado sobre problemas como la informalidad y el contrabando, una revisión más cuidadosa de la propuesta debería despertar cuestionamientos. En primer lugar, iniciativas de este tipo –que agregan complejidad al sistema tributario a través de rebajas arbitrarias en los impuestos– distorsionan la economía y facilitan la búsqueda de rentas que no crean valor.

Por ejemplo, proveedores formales que legítimamente han decidido no trabajar con tarjetas de crédito o sistemas de pago electrónicos por el costo que ello implica se verán en desventaja frente a proveedores quizá menos eficientes pero que sí disponen de estos medios de pago. Al mismo tiempo, no es inusual ver la formación de mercados paralelos cuando el precio de un bien es artificialmente diferenciado –sucedió, por citar solo un caso, con el dólar MUC y el llamado dólar Ocoña–. En el potencialmente lucrativo negocio de comprar a formales –a precio descontado con dinero digital– y revender a informales –a precio real con efectivo– el que pierde es el Estado, que ni recibe tributos ni avanza con la formalización.

En segundo lugar, usar un tratamiento tributario diferenciado para favorecer el negocio de determinada industria es ilegítimo y mina los incentivos de las empresas para mejorar. Según Asbanc, son siete las comisiones más frecuentes que se pagan por el uso de tarjetas de crédito. Si a los bancos les interesa que más gente use sus servicios de tarjetas de crédito y débito, la solución es mejorar la calidad de su atención y disminuir sus comisiones; no valerse del aparato público para reducir artificialmente sus costos.

Coincidimos en que la formalización de la economía es una tarea urgente. Ello, sin embargo, no justifica las distorsiones y los beneficios ilegítimos obtenidos a través de una reducción de impuestos. Con similar argumento se podría entonces aplicar una baja en la carga impositiva de las menestras y lácteos para fortalecer la nutrición, de los relojes para promover la puntualidad, o de los diarios para favorecer el flujo de información.

A fin de cuentas, de lo que se trata es que, por un lado, las empresas generen sus ganancias en base a las legítimas preferencias del público que usa sus servicios y no a través de tratamientos especiales por parte del sector público. Por otro lado, los esfuerzos para formalizar la economía deben formar parte de una estrategia sistemática que reduzca integralmente las trabas laborales y tributarias de la formalidad. En tanto ello no suceda, proyectos que parecen razonables pero que a la larga hacen más daño que bien, como las tarjetas con descuentos tributarios, seguirán apareciendo a iniciativa de los interesados.