Editorial: El temor a la palabra

El pasado 7 de noviembre, un grupo de parlamentarios, principalmente de Fuerza Popular, presentó un proyecto de ley que tiene como fin excluir del ordenamiento jurídico y de las políticas públicas del Estado todo término relacionado a lo que ellos llaman “ideología de género”. La iniciativa tiene como objetivo eliminar la palabra “género” (y expresiones como “enfoque de género”, “violencia de género” y “equidad de género”) del lenguaje estatal y, además, interpretar el sentido que deberá dársele a la misma hasta que las entidades públicas actualicen las normas que la utilizan.

El referido proyecto de ley fue presentado en las vísperas de una marcha –en la cual participaron algunos de los parlamentarios que lo firman– llevada a cabo el 15 de este mes por el colectivo Con mis Hijos no te Metas. Como se sabe, el movimiento ciudadano alega, desde hace unos años, que el uso de la palabra “género” en el currículo nacional escolar entraña la manifestación de una ideología con fines perniciosos para la sociedad y busca que no se emplee.

La propuesta de Fuerza Popular, sin embargo, genera mucha preocupación. Pues el hecho de que un poder del Estado regule el uso del lenguaje generaría un precedente muy riesgoso para nuestra democracia.

Como se sabe, uno de los pilares fundamentales del sistema democrático es el debate de ideas. Para ello es fundamental que cada una de las personas involucradas en los procesos de deliberación pueda valerse de todos los recursos que el lenguaje le otorga. Vetar el uso de una o más palabras del ordenamiento jurídico mellaría este principio. Si se aprueba esta norma, por ejemplo, ¿implicaría que cualquier proyecto de ley que tenga el término “género” esté viciado desde antes de ser discutido? ¿Y qué ocurre si la mejor forma de expresar los fines de una propuesta, depende del empleo de una terminología en particular?

En este sentido, el asunto se agrava si se toma en cuenta que todo el proyecto de ley se ampara en la lucha contra la llamada “ideología de género”, una expresión que ha demostrado ser un cajón de sastre cuyos usuarios no han sabido definir con precisión, aunque le imputan una variedad de significados –tanto es así que en un video para el movimiento Con mis Hijos no te Metas, el congresista Marco Miyashiro de Fuerza Popular lo llegó a asociar con el terrorismo–. La prohibición de un término tan abierto a interpretaciones de todo tipo podría devenir en aún más definiciones arbitrarias, y nos privaría de continuar la discusión alrededor de lo que constituye el concepto de género.

Pues así como lo dicho anteriormente es importante, también lo es el fondo del asunto. El enfoque de género que se ha venido planteando en las políticas públicas tiene como objetivo fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y erradicar los estereotipos y prejuicios que pueden venir adjuntos a ellos, algo positivo para el desarrollo libre de los ciudadanos. Esto se hace especialmente relevante en un país como el nuestro, donde la violencia contra la mujer y la discriminación contra la comunidad LGTBI son tan prevalentes.

Por ejemplo, en lo que va del 2018 se han registrado 120 feminicidios (Defensoría del Pueblo) y en el 2017, 65,4% de las mujeres de 15 a 49 años fueron víctimas de violencia por parte de su esposo o compañero (INEI). En el caso de la comunidad LGTBI, según la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI del 2017, 62,7% aseguró haber sido víctima de discriminación o violencia.

El lenguaje, como toda práctica humana, es el producto de un larguísimo proceso de evolución que solo puede ser moldeado por el uso y no por la disposición antojadiza de un grupo de burócratas iluminados, por más buenas intenciones que puedan tener. En consecuencia, los términos que hoy se usan no son más que una expresión de la realidad que vivimos y de las necesidades que embargan a nuestros tiempos. Así las cosas, el temor a las palabras es un evidente sinsentido.