"El Gobierno aún no ha caído en la cuenta de que la promoción de la inversión privada es indispensable para alcanzar los objetivos de su administración y lo que demanda con claridad la población". (Foto: GEC)
"El Gobierno aún no ha caído en la cuenta de que la promoción de la inversión privada es indispensable para alcanzar los objetivos de su administración y lo que demanda con claridad la población". (Foto: GEC)
Editorial El Comercio

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El Perú no es un país en el que los consensos mayoritarios abunden cuando se trata de asuntos políticos o de gobierno. Los resultados de la primera vuelta electoral y la conformación del Congreso apuntaban, más bien, a un país de preferencias dispersas y numerosas visiones encontradas. Lo que vino en los meses siguientes tan solo profundizó las diferencias.

En este marco de posiciones antagónicas y cada vez más polarizadas, no obstante, hay una prioridad entre la población que aparece en cualquier sondeo reciente: la importancia de la para la generación de empleo. De acuerdo con la encuesta El Comercio-Ipsos publicada esta semana, para el 57% de los encuestados aquella debería ser la prioridad del Gobierno. En efecto, si este país dividido se puede poner de acuerdo, eso sería en la urgencia de mejorar los ingresos de las familias luego del golpe económico del 2020.

No es para menos. Según la última información disponible, si bien el número de en planilla ya es similar al del período previo a la pandemia, la población con empleo adecuado a nivel nacional habría disminuido en 11,1%. Ello significa unas 900.000 personas menos adecuadamente empleadas, situación que vino acompañada de un considerable aumento del subempleo y la informalidad. En Lima Metropolitana, la caída del empleo adecuado con respecto al 2019 ha sido aún más dramática y llega al 21,7%. En la capital, los ingresos son un 7,7% más bajos que antes del COVID-19, y a eso hay que sumarle la pérdida de poder adquisitivo a causa del incremento en los precios. Para la mayoría de ciudadanos, este es el frente al que debe abocarse el Gobierno.

Sin embargo, las señales de que la actual administración se ha tomado esta tarea en serio no aparecen. El nombramiento de al frente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) demostró hasta qué punto el presidente Castillo estaba desconectado de las necesidades reales del sector. Durante su corta gestión, Maraví anunció una serie de medidas –agrupadas en la Agenda 19– que iban en el camino opuesto al que requieren las empresas y los trabajadores. A grandes rasgos, estas se enfocaban en hacer más costosa e inflexible la contratación formal para los pocos que tienen un empleo formal dependiente, haciendo más difícil romper el ciclo de informalidad que aflige a la gran mayoría de trabajadores. La misma presencia de Maraví, vinculado nada menos que con atentados terroristas de Sendero Luminoso, contribuyó a dañar seriamente la labor y presencia del MTPE.

Por ello, su sustitución por Betssy Chávez obtuvo amplia aceptación en círculos internos y externos. Era difícil nombrar un personaje igual de controversial y nocivo que el exministro, pero eso no quiere decir que la ministra sea alguien que disponga de las competencias que el cargo exige, ya que continuará con la Agenda 19 de Maraví.

A pesar de ciertas frases que se escuchan, de vez en cuando, del presidente Castillo y del titular del MEF, Pedro Francke, el Gobierno aún no ha caído en la cuenta de que la promoción de la inversión privada es indispensable para alcanzar los objetivos de su administración y lo que demanda con claridad la población. Las proyecciones de la mayoría de entidades no gubernamentales sugieren que en el 2022 la caída de la inversión privada podría ser de doble dígito, y con ello cualquier esperanza de retomar niveles de empleo del 2019 se esfuman. Menudo Gobierno del pueblo.