Editorial El Comercio

La Inspectoría de la Policía Nacional ha iniciado una nueva investigación contra el coordinador del grupo policial que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, el coronel . Como se sabe, el referido oficial enfrenta ya un primer proceso administrativo-disciplinario por la intervención a Palacio de Gobierno en la que se buscó detener a la cuñada del presidente , , el pasado 9 de agosto. De acuerdo , presentada por el propio mandatario, Colchado habría incurrido en aquella ocasión en el ejercicio de violencia contra otros miembros de la policía, así como en actividad política y abuso de autoridad. Todo ello, por supuesto, presuntamente.

Sobre lo descabellado de esos cargos y los ribetes de revancha personal que tiene ese caso (particularmente después de los cambios en el sector que supusieron la colocación de un personaje cuestionado y allegado al jefe del Estado al frente de la Inspectoría que evaluaría la situación del coronel) ya hemos hablado . Lo que queremos ahora es llamar la atención sobre la forma en que esta nueva denuncia, de origen anónimo y más absurda aún que la anterior, confirma lo que dijimos a propósito de la primera.

En esta ocasión, lo que se le imputa a Colchado es su supuesta participación en un “autosecuestro” que habría servido para ocultar un desfalco en la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). El documento que formaliza la denuncia fue presentado el 1 de setiembre y comprende a otros cinco efectivos policiales, todos ellos vinculados a un incidente producido en el 2020 en la citada división… que Colchado dejó en el 2019. ¿Cómo podría él ser responsable de hechos que se produjeron cuando había ya salido de esa dependencia? Parece que las autoridades a cargo de la investigación nos sorprenderán en cualquier momento con una novedosa teoría al respecto.

Resulta singularmente sugestivo, además, que el 28 de agosto –es decir, cuatro días antes de la presentación de la denuncia–, el exministro del Interior declarase a la prensa que tenía información de fuente directa sobre el ingreso a Inspectoría de una acusación fabricada contra la Diviac y contra Colchado con la intención de desprestigiarlo a él y a todo el equipo que encabeza.

No fue Vargas, adicionalmente, el único que anticipó la aparición de esa denuncia. El legislador , integrante de la bancada oficialista Bloque Magisterial, también dio detalles sobre ella antes de que fuera oficialmente puesta en conocimiento de la opinión pública. Lo que apunta, como es obvio, a una motivación política detrás de la providencial aparición de esta imputación “anónima”.

De otro lado, cabe anotar que anteayer se ha presentado una ampliación de la primera denuncia; en esta oportunidad, por una supuesta malversación en relación con el dinero necesario para financiar la ya mencionada diligencia en Palacio. Es decir, llueve sobre mojado. Y, en honor a la verdad, no es difícil identificar la fuente de esa ofensiva montada con argumentos tan endebles. De hecho, es la misma que existe detrás de los ataques a la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, que ha abierto cinco de las seis investigaciones que el presidente Castillo registra en la fiscalía.

Son, pues, el mandatario y su entorno quienes están notoriamente tras las personas que han puesto sobre el tapete los casos de corrupción que hoy todo el país conoce y que amenazan con traer nuevos dolores de cabeza en Palacio. No hay que olvidar que el equipo que lidera Colchado es también el que está tras los pasos del ‘sobrinísimo’ y el desvanecido exministro de Transportes y Comunicaciones : dos personajes cuyos testimonios permitirían terminar un rompecabezas que la fiscalía tiene ya bastante avanzado.

La cabeza de Colchado está pedida (en las dos denuncias se demanda sancionarlo con su pase al retiro) y en la Inspectoría de la PNP parecen estar dispuestos a obedecer la orden. Pero lo más impresionante de todo es la pasividad con la que ciudadanía contempla la consumación de lo que a todas luces es una ‘vendetta’.

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