Editorial: Transplante de médula

No le faltaba razón al ministro de Economía, Alfredo Thorne, cuando afirmaba, en un reciente evento académico, que “el sistema de salud está en una situación sumamente delicada”, como tampoco causó sorpresa que el Ministerio de Salud haya declarado en emergencia por 90 días todos los establecimientos de salud de Lima Metropolitana.

Son muchos los aspectos por mejorar en el sistema de salud pública, como la deficiente infraestructura (con una brecha estimada en S/60 mil millones), la falta de abastecimiento de medicinas, los problemas y demoras en la atención de pacientes, la supervivencia financiera del Seguro Integral de Salud (SIS) y las remuneraciones de los profesionales de la salud. Así, habiendo tantas necesidades y tan pocos recursos para atenderlas, llama la atención que algunos actores clave de este sector se den el lujo del despilfarro.

Es el caso, por ejemplo, del Sistema Metropolitano de la Solidaridad-Sisol, una entidad creada con recursos públicos provenientes de la Municipalidad Metropolitana de Lima y que utiliza frecuentemente la marca municipal y la imagen del alcalde para su posicionamiento y oferta de servicios. Y que la semana pasada sorprendió a todos con un póster en el que anunciaba la inauguración de su centro de medicina estética dentro del Hospital de la Solidaridad de San Juan de Lurigancho. Un servicio que no tendría nada de malo si no fuera porque contraviene directamente el principio de subsidiariedad estatal, al ingresar a competir en un mercado donde ya existe oferta privada. Ello sin mencionar que la reducción de arrugas y la eliminación de tatuajes difícilmente podrían ser consideradas actividades de alto interés público o manifiesta conveniencia nacional, como lo exige la Constitución.

Lamentablemente, no se trata de la única cuestionable inversión estatal que utiliza fondos que debieran estar enfocados en servicios de sanidad. Essalud, una entidad con evidentes oportunidades de mejora en cuanto al servicio que brinda a sus asegurados, ha decidido desde hace varios años incursionar en los rubros de seguridad y limpieza. Nuevamente, con recursos estatales, concurre deslealmente en estos mercados a través de las empresas Servicios Integrados de Limpieza S.A. (Silsa) y Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C. (Esvicsac), en las que, directa e indirectamente, controla el 100% de su accionariado. 

Por último, está el caso de Saludpol, una entidad que tiene el monopolio del aseguramiento en salud de la policía y que, como reportó hace unos días este Diario, acumulaba cerca de S/350 millones almacenados en sus cuentas, inutilizados a pesar de la grave situación de desabastecimiento de medicinas y equipos que enfrentan los más de 77 establecimientos de salud de la Policía Nacional del Perú (PNP). 

Se trata pues de tres entidades que muestran un pobre manejo institucional, sea porque –utilizando su posición de privilegio al formar parte del aparato estatal– se dedican a competir deslealmente en segmentos del mercado donde no les corresponde, o porque desperdician con su parálisis recursos que deberían estar al servicio de los ciudadanos (¿no tendría sentido, por ejemplo, que los asegurados de Essalud o Saludpol pudieran usar los fondos que ellos mismos han aportado para atenderse en los centros de salud de su preferencia, sean estos públicos o privados?).

Esperamos que las motivaciones que condujeron al nuevo gobierno a declarar la emergencia sanitaria con el fin de “recuperar la capacidad operativa y la continuidad de los servicios de salud” lo lleven también a darse cuenta de que gran parte del problema se ubica en entidades y funcionarios que no han entendido cuál es su mandato y prefieren malgastar oportunidades en emprendimientos anodinos. En estos casos, antes que retoques estéticos, lo que necesita el sector salud es más bien un trasplante de médula.