Editorial: Tributos (e incentivos) en línea

Los mecanismos de incentivos son una herramienta poderosa en las políticas públicas. Por ejemplo, para lograr que los profesores de colegios nacionales mejoren sus resultados de aprendizaje, algunos países otorgan bonos a aquellos docentes cuyos alumnos obtengan los más altos resultados en pruebas estandarizadas. En jerga económica, se dice que se han “alineado los incentivos”. Estado, profesor y alumno se benefician de los nuevos logros. 

Sin embargo, si no son diseñados con sumo cuidado, estos sistemas de premio y castigo en la administración pública pueden resultar contraproducentes. En el ejemplo anterior, existe evidencia de que –en el afán por conseguir la bonificación– los docentes se pueden concentrar exclusivamente en enseñar el tipo de preguntas que se evalúa en la prueba estandarizada, dejando de lado cualquier otra materia relevante para los alumnos que no sea cubierta en el examen.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la actual administración de la Sunat reconocieron un problema similar en el mecanismo de incentivos de esta última. Al condicionar los bonos de desempeño a metas de recaudación anual, el objetivo era maximizar el dinero para el fisco. En la práctica, no obstante, se promovía un sistema tributario en el que podían proliferar las multas y las cobranzas abusivas, un sistema del que muchos contribuyentes pueden dar fe.

Es por eso una buena noticia que el pasado jueves la Sunat haya emitido la resolución 273-2016, en la que modifica los criterios del sistema de incentivos para sus trabajadores; de uno basado en metas de recaudación a uno basado en aspectos como la satisfacción del contribuyente y la simplificación administrativa.

Si bien los efectos de este cambio aún están por verse, la resolución demuestra que la nueva administración está tomando en serio el necesario cambio de chip que la Sunat requiere para acercarse a los ciudadanos. Según la Cámara de Comercio de Lima, luego de los municipios e Indeci, los trámites en la Sunat son los que más reclamos reciben, en tanto que para miles de mypes el costo y la incertidumbre de los procesos tributarios hacen poco atractiva la formalidad.

De hecho, para las pequeñas empresas, no son pocas las ocasiones en las que el costo del cumplimiento tributario –abogados, contadores, tiempo invertido en trámites y colas, entre otros– resulta mayor que el impuesto por pagar. Así, en el esfuerzo por formalizar la economía, puede resultar mejor tanto para el contribuyente como para las arcas públicas hacer menos costoso el proceso de pago de impuestos que reducir los impuestos en sí.

En el óptimo, la Sunat debería comportarse como si no tuviese el monopolio de la recaudación; como si el éxito de su gestión dependiera también de la satisfacción de los ciudadanos que contribuyen a su financiamiento. Y el énfasis en el bienestar del contribuyente y en la simplificación administrativa van en esa dirección.

El camino por avanzar en la Sunat aún es largo. La digitalización de los procesos, la reducción de los espacios de discrecionalidad, la agresiva ampliación de la base tributaria, y el control y disminución de la evasión tributaria en IGV e Impuesto a la Renta son solo algunas de las tareas pendientes y urgentes que tiene Víctor Shiguiyama, el actual superintendente del organismo recaudador, por delante. Si algo debe quedar claro es que, a largo plazo, los contribuyentes, la Sunat y el Estado tenemos todos los objetivos alineados.