Editorial: Los últimos ministros (en enterarse)

Mañana la representación nacional debe votar la moción de censura que pesa sobre la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, por el rastreo realizado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) a políticos, empresarios y periodistas. Si bien el resultado de la votación es, a estas alturas, de pronóstico reservado, en este Diario hemos considerado que la primera ministra debe dejar el cargo porque ahí donde, como en las democracias, se busca que haya rendición de cuentas a la ciudadanía las responsabilidades políticas deben asumirse. Ello, al margen de las cualidades personales y profesionales que pueda tener la persona sobre la que recae esta responsabilidad.

La DINI, como se sabe, estuvo realizando actividades que no se derivan de su misión de combatir las amenazas contra la vigencia del régimen democrático; y lo hizo sin que ella lo supiera, a pesar de ser aquella una entidad adscrita a su despacho. Y el solo hecho de que, tras enterarse de ello, la ministra haya relevado de sus puestos al director nacional, el director ejecutivo y el director de contrainteligencia de esa institución pone en evidencia que, más allá de su tímido llamado a que se investigue “para verificar que no se haya cometido un exceso”, ella misma entiende que el abuso ha existido. La sanción política, por lo tanto, procede. Por razones lógicas y constitucionales, es sobre la jefa del Gabinete sobre quien debería recaer. Si la votación de mañana no refleja esto (nosotros esperamos que lo haga), el peso de la responsabilidad política pasará factura a la autoridad de la señora Jara en el tiempo que le quede en el cargo. 

Con prescindencia de lo que esta situación represente para el futuro político de la señora Jara, sin embargo, el problema que este destape noticioso ha sacado a flote tiene que ser enfrentado y solucionado de una forma que vaya más allá de la mera superación de la crisis actual. Después de todo, si algo han revelado el debate y la investigación periodística de estos días, es que el ‘acopio de información’ y demás actividades irregulares de la DINI han venido produciéndose desde mucho antes de su llegada a la Presidencia del Consejo de Ministros, e incluso desde antes de la llegada de Gana Perú al poder.

Según se ha conocido esta semana, en efecto, igual rastreo –aunque en dosis distintas– se realizó bajo los mandatos de Alan García y Alejandro Toledo. Así, durante la etapa final del gobierno de Perú Posible y el segundo gobierno aprista se llevaron a cabo más de 6.000 búsquedas desde la DINI. Y siempre con la total ignorancia del responsable del despacho al que la referida dirección está adscrito, esto es, del primer ministro.

Esa circunstancia, empero, no debe servir para argumentar que lo sucedido es ‘normal’, ni para pretender que, en la medida en que las administraciones anteriores han cojeado del mismo pie, la actual debería merecer ahora algún tipo de indulgencia. Tendría que dar ocasión, más bien, al establecimiento definitivo de que los últimos en enterarse de los quehaceres de la DINI no pueden seguir siendo los primeros ministros. Una cosa es que las autoridades de esa institución reporten directamente con el presidente de la República y otra, que ese reporte suponga la minuciosa elusión de quien constituye el principal fusible del gobierno en una situación de crisis.

La anunciada reestructuración de la DINI, pues, no solo debe servir para poner algún tipo de control a la designación de su director a través de la participación de la Comisión de Inteligencia del Congreso en el proceso, tal como reclama la oposición. Tiene que ser también la oportunidad para que quede cartesianamente determinado qué cosas puede y qué cosas no puede hacer esa entidad. Y, sobre todo, para incorporar al titular de la PCM en el monitoreo de sus actividades.

Si estas van a ser capaces de arrastrarlo a la renuncia o la censura, lo menos que se le debe conceder es la plena conciencia de las causas de tan ingrato destino.