Editorial: Víctimas invisibles

Las denuncias de presuntos abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos en el interior del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) han motivado, a la fecha, decenas de publicaciones, incluyendo reportajes periodísticos, un libro de investigación y tres informes especiales, uno de ellos confeccionado por la misma Santa Sede. En ese empeño por alumbrar los oscuros sucesos ocurridos dentro de la agrupación fundada por Luis Figari Rodrigo, el SVC dio a conocer hace unos días su propio informe labrado en base a más de 200 testimonios de ex integrantes, autoridades y acusados.

En dicho documento, el SVC reconoce –como una de las conclusiones de las indagaciones– que Figari y tres de sus colaboradores más cercanos “habrían cometido abusos sexuales que afectaron a 19 menores de edad y 10 adultos” y que, por lo menos, Figari cometió “actos múltiples de sodomía de un menor y de un adulto joven”. Adicionalmente, otros 3 sodálites y un ex sodálite “habrían abusado sexualmente de 7 adultos”.

La copiosa recopilación de evidencias del informe, sumada a la polifonía de testimonios ya recogidos en otros textos, llevan a preguntarse cómo entonces hace poco más de un mes la fiscal provincial penal María Peralta Ramírez resolvió archivar la denuncia contra Figari y otros superiores del SVC porque, según argumentó, no se pudo comprobar los delitos imputados.

No se entiende, por ejemplo, cómo el Ministerio Público pudo sostener que durante la etapa de indagación fiscal “no hubo ningún afectado que se acercara a denunciar que haya sido víctima de dichos abusos” –como reza el comunicado de esa institución emitido el mes pasado–, cuando el SVC reconoce por lo menos a 36 víctimas de abusos sexuales y a 66 personas dentro de su Programa de Reparación y Compensaciones. Lo que lleva a preguntarse si la titular de la persecución del delito más bien sufría de alguna limitación que le impidiera a ella acercarse a las víctimas bastante reales que sí han sido identificadas por otros.

Tampoco parece estar muy sustentada la negación de secuelas en los “presuntos agraviados” de la fiscal Peralta, cuando el informe del SVC reconoce que los abusos infligidos por los altos mandos sodálites devinieron en traumas severos para algunos ex miembros. De hecho, el propio SVC –por recomendación del informe de la Comisión de Ética para la Justicia y Reconciliación– viene prestando asistencia psicológica y emocional a las víctimas como una forma de resarcir y paliar los daños causados por las antiguas autoridades.

Y el razonamiento por el cual la representante del Ministerio Público descarta la agresión a menores de edad porque supuestamente estos no pertenecían al SVC –ya que “el ingreso al Sodalicio se realizó cuando eran mayores de edad”, basándose para ello en las “cartas de compromiso” firmadas por los entonces aspirantes y en “las normas internas” del SVC– en el mejor de los casos, llama al pasmo por su excesivo formalismo e ingenuidad, sobre todo al constatarse a partir del propio informe del SVC que cuando menos 19 menores fueron víctimas de abusos sexuales.

En fin, son varios los ejemplos de la escasa prolijidad con la que la fiscal Peralta actuó en este caso y que ha motivado, comprensiblemente, que la ministra de la Mujer, Ana María Romero-Lozada, y un grupo de legisladores se sumen a los pedidos para que el Ministerio Público reabra la investigación.

Pues, más allá de cual sea el desenlace judicial de este caso, no se puede tolerar a una fiscal que invisibiliza a las víctimas y niega el daño que les han ocasionado.