Editorial: El viejo enemigo

El pasado 12 de noviembre, el congresista del Frente Amplio (FA) Hernando Cevallos presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo “la convocatoria a Asamblea Constituyente y [el] adelanto de elecciones”. De acuerdo con el documento, la actual coyuntura política hace que urja la implementación de estas medidas, habida cuenta, según asevera, del desprestigio del Congreso y de la ineficacia del Estado en la lucha contra la corrupción. Y ayer, como para no quedarse atrás, la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, sostuvo en una entrevista que debería haber “un nuevo pacto”, y elecciones adelantadas “si no generales, al menos parlamentarias”, ya que continuar con este Congreso no sería viable.

Tanto el Frente Amplio como Mendoza dicen ampararse en la tesitura actual para justificar esta iniciativa, pero esta no tiene nada de novedosa. Como se sabe, el deseo de implementar una nueva Constitución fue expresado por la agrupación que lidera el parlamentario Marco Arana cuando tentaron la presidencia en el 2016 –entonces con Mendoza como candidata– y la propuesta de convocar nuevos comicios data desde antes de que Pedro Pablo Kuczynski dejara el cargo de presidente. Ello revela que este proyecto dista de ser una respuesta a los problemas que afligen el país y que es, más bien, un intento por sacar provecho político de los mismos.

No queda claro, pues, cómo la creación de una nueva Constitución resolvería los múltiples retos políticos que enfrentamos actualmente. La corrupción destapada por el Caso Lava Jato y los ‘CNM audios’, y el clima de enfrentamiento constante entre el gobierno y la oposición mayoritaria, no se pueden adjudicar a un diseño ineficiente del orden constitucional: se deben, principalmente, a la debilidad de las instituciones políticas y jurídicas y a la incapacidad de los que las representan de anteponer a sus propios intereses la necesidad de generar consensos.

Además, la iniciativa presentada por Cevallos también se centra en críticas al modelo económico implementado por la Carta Magna de 1993, específicamente “los abusos del poder económico amparados en el texto constitucional”, y la “privatización, ultraliberalización comercial y reducción del gasto público”. Un punto de vista ciertamente conocido en el Frente Amplio (y en Nuevo Perú), pero que no tiene relación alguna con la situación que pretenden remediar. Y la verdad es que mientras la izquierda se ha enfrascado en una larga marcha por una Constitución más ajustada a sus principios económicos, los últimos 25 años de crecimiento y reducción de la pobreza se han encargado de rebatir sus reparos.

En lo que respecta a la necesidad de convocar nuevas elecciones, el argumento expresado por la iniciativa legislativa, y aparentemente compartido por Mendoza, también demuestra serias debilidades. A saber, el proyecto se refiere a las cifras de aprobación obtenidas por el actual Parlamento arguyendo que el evidente desprestigio en el que está sumido amerita que los actuales representantes sean reemplazados.

Sin embargo, la poca aprobación de la ciudadanía al Congreso de la República, no es un fenómeno reciente –en diciembre del 2016, con apenas cuatro meses en el poder, el actual Legislativo solo alcanzaba 32% de aprobación–, y mucho menos es una razón para interrumpir un período que democráticamente están obligados a cumplir. Recién en el 2021 le corresponderá a los ciudadanos evaluar el desempeño de las actuales bancadas y a la izquierda volver a buscar la presidencia… y vale recordar que en los comicios del 2016, cuando la ciudadanía tenía que elegir entre los candidatos que querían cambiar la Constitución y los que no, optó, en su gran mayoría, por los últimos.

Así las cosas, queda claro que la izquierda está buscando aprovechar la actual turbulencia política para tratar de propinarle golpes a un viejo enemigo y, al mismo tiempo, buscar una nueva configuración parlamentaria y competir por el sillón de Pizarro. No obstante, es importante entender que la clave para salir de cualquier crisis política no reside en la destrucción de las instituciones vigentes, sino en valerse de ellas.