Editorial: Votos envenenados

En poco más de una semana, el Congreso debe elegir su nueva Mesa Directiva y el pulseo previo entre el gobierno y la oposición ha alcanzado en estos días elevados niveles de confrontación. Se sabe que habrá una lista encabezada por el legislador Luis Iberico y respaldada por las bancadas de PPC-APP, Concertación Parlamentaria, Fuerza Popular y Dignidad y Democracia. Se presume que habrá otra, esta del oficialismo.

Se especula, al mismo tiempo, que podría lanzarse también al ruedo una segunda lista de oposición, esperanzada en captar las adhesiones de Acción Popular-Frente Amplio, Solidaridad Nacional y los desencantados de los otros dos sectores, y cuya principal virtud –a juzgar por las declaraciones de los interesados en sacarla adelante– consistiría en no haber sido promovida por Fuerza Popular o el Apra (cuyos cuatro legisladores integran la bancada de Concertación Parlamentaria) ni avalada por sus votos: una circunstancia que supuestamente contaminaría a la lista de Iberico con los pasivos de esas dos colectividades políticas. 

Se han pronunciado, en ese sentido, parlamentarios como Mesías Guevara o Víctor Andrés García Belaunde, pero quizá quien más cabalmente ha expresado la idea sea el representante de Dignidad y Democracia, Sergio Tejada, notoriamente disconforme con la decisión de su bancada. 

“Luis Iberico podría ganar con los votos del fujimorismo, del Apra y del PPC, pero yo le diría en todo caso que, si quiere ser una alternativa, se aleje del fujimorismo y del Apra, y busque soporte en otros sectores”, ha opinado él con todo derecho. Pero vale la pena reflexionar un momento acerca de la legitimidad y los alcances de su anatema.

Que el Apra y el fujimorismo tienen asuntos por aclarar y resolver si pretenden presentarse como opciones limpias y comprometidas con la democracia en las elecciones del próximo año es evidente. En los comicios del 2016, el partido aprista tendrá que lidiar con –entre otras cosas– el fantasma de la corrupción, que lo persigue desde su primer gobierno, pero adquirió toda una nueva y gravísima dimensión durante el segundo mandato de Alan García, a raíz de los ‘narcoindultos’ y otros casos.

Y el fujimorismo, por su parte, tendrá que decidir si repudia finalmente el golpe del 5 de abril de 1992 –causa y origen de todos los atropellos, latrocinios y crímenes que se cometieron en los siguientes ocho años desde posiciones oficiales o al amparo de las mismas– o lo sigue maquillando con afirmaciones sobre su supuesta naturaleza de ‘hecho irrepetible’ o ‘mal necesario’.

En ninguno de los dos casos, además, será fácil que se libren del referido trance argumentando que tales pasivos corresponden a ‘errores’ que ahora prometen no repetir, pues ‘errores’, como se sabe, son las equivocaciones que se cometen de buena fe. Cuando se obra en contra de la ética y la ley a sabiendas, lo que existe es dolo.

Es claro, no obstante, que ninguna de esas consideraciones invalida los votos que recibieron para sus listas legislativas en las elecciones del 2011, ni los derechos y facultades de los congresistas que resultaron elegidos en virtud de ellos. Los miembros del Apra que integran la bancada de Concertación Parlamentaria y los fujimoristas que integran la de Fuerza Social son tan parlamentarios como otros y, como es obvio, pueden elegir o ser elegidos en todo proceso en el que participe el resto de la representación nacional.

Pretender, entonces, que sus votos constituyen una especie de votos envenenados que intoxicarían la lista a la que apoyen es tan absurdo como pretender que su respaldo a una determinada ley la convertiría en una iniciativa deleznable. ¿Sintieron acaso los legisladores que hoy postulan la idea que comentamos un rechazo particular a votar junto con esas dos bancadas a favor de, por ejemplo, la exoneración permanente de los descuentos a las gratificaciones? ¿Lo sintieron siquiera el año pasado al votar –en el caso de que lo hubieran hecho– por Javier Bedoya para la presidencia del Congreso? Pues seguramente no, porque no dijeron en ese momento cosa alguna al respecto.

El Apra y el fujimorismo tendrán que lidiar con su pasado y sus miasmas, que no son pocos, en las elecciones venideras. Pero tratar de convertir esos pasivos en un argumento de descalificación para las opciones que apoyen ahora sus representantes en el Congreso es un sinsentido que solo se explica como parte de una estrategia para obtener determinado resultado en la elección de la Mesa Directiva que todavía no hemos terminado de conmensurar.