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Editorial El Comercio

La reciente interpelación parlamentaria al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, tenía como asunto central la adenda al contrato entre el Estado y el consorcio Kuntur Wasi para la construcción del aeropuerto de Chinchero, firmada meses atrás por este gobierno. Como suele ocurrir, sin embargo, en el calor del debate surgieron otras materias y se cruzaron acusaciones entre las distintas bancadas de oposición, o entre algunas de estas y el oficialismo. Y no todas fueron exactamente anecdóticas.

Como ejemplo de lo primero, podemos mencionar las supuestas vinculaciones entre el Frente Amplio y el senderismo deslizadas por el legislador Héctor Becerril, de Fuerza Popular (FP). “Una vez más, la izquierda vetusta y anacrónica nos demuestra que pueden cambiar de nombre a Frente Amplio a Nuevo Perú, pero en la práctica demuestran que siguen manteniendo la ideología marxista-leninista y hasta [el] ‘pensamiento Gonzalo’”, dijo el representante fujimorista en una intervención. Y luego añadió que “se llenan la boca” al hablar de criminalizar la protesta “cuando sus aliados del Movadef salen a desfilar por las calles”. Imputaciones bastante serias (que merecieron por cierto una reacción airada del vocero de la bancada izquierdista, Marco Arana), pero respecto de las cuales Becerril no aportó prueba alguna.

Con igual ligereza, ese mismo congresista aseveró durante la interpelación que “el primer ministro no solamente ha llenado de caviares este gobierno”, sino que también “ha llenado de troles el gobierno”. “Con decirles que tienen hasta su ‘trol center’”, remató. Y en un sentido similar se expresaron también sus compañeros de bancada Lourdes Alcorta y Luis Galarreta. Este último llegó a mencionar hasta una ubicación del supuesto ‘trol center’ e insistió en su denuncia de que el gobierno “gasta plata en gente que insulta a los parlamentarios”, planteada ya antes en una comentada entrevista en la que sugestivamente aludió al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, como “una especie de Montesinitos”.

‘Caviar’, como se sabe, es un término coloquial para referirse a los izquierdistas que tienen patrones de consumo más bien burgueses, lo que puede resultar todo lo frívolo y risible que se quiera, pero difícilmente constituye un cargo para objetar la contratación de alguien en el Estado. ‘Trol’, en cambio, es una voz de la jerga asociada a las redes virtuales para denominar a las personas que, con identidad muchas veces falsa, difunden en Twitter, Facebook y otras comunidades en línea mensajes insultantes y acusaciones sin sustancia para afectar la imagen de terceros, frecuentemente con intenciones políticas.

Ahora, si, como estos parlamentarios han denunciado, existe dentro de este gobierno un grupo organizado de individuos dedicado a ese fin y financiado con dinero público, estaríamos ante un escándalo de proporciones mayores, y destaparlo cuanto antes, con las pruebas irrefutables que su discurso anuncia, sería una obligación. ¿Por qué, entonces, se señala el asunto solo de pasada y mezclándolo con pullas pintorescas, como si se tratase de observaciones del mismo nivel? ¿Estamos acaso ante acusaciones basadas solo sobre rumores que esos congresistas –y quienes las han secundado desde otras bancadas, como Víctor Andrés García Belaunde de Acción Popular– no tienen cómo solventar?

Esperemos que no, pues en ese caso se trataría de una manifestación de troleo no muy distinta a la que supuestamente da origen a la denuncia, pero lanzada desde el parapeto que presta la inmunidad del fuero parlamentario.

Así como sustentar su denuncia sobre un supuesto ‘reglaje’ del que habría sido víctima y del que, de pronto, dejó de hablar, le exigimos también a los integrantes de la representación nacional que sostienen que el dinero de los contribuyentes está siendo utilizado por este gobierno para financiar una actividad tan inicua que aporten a la brevedad los datos contundentes que demuestren lo que afirman. O que asuman su responsabilidad política, porque el país no está para denuncias trol.