"Quienes finalmente lleguen a gobernarnos tendrán la obligación de elegir las ideas más sensatas vertidas durante la contienda para ponerlas en práctica y enfocar de manera acertada la lucha contra esta lacra". (Ilustración: El Comercio)
"Quienes finalmente lleguen a gobernarnos tendrán la obligación de elegir las ideas más sensatas vertidas durante la contienda para ponerlas en práctica y enfocar de manera acertada la lucha contra esta lacra". (Ilustración: El Comercio)
Editorial El Comercio

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Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, un cree que el principal problema que debe atajar la próxima administración gubernamental es la lucha contra la corrupción. Que el tópico sobresalga por encima de la gestión de la pandemia (11%) y de las consecuencias que esta ha desencadenado –como el desempleo y la crisis económica (20%)– no necesariamente significa que los peruanos le restemos importancia al COVID-19, sino que, aun siendo conscientes de la estela de estragos que el virus viene dejando en nuestro país, consideramos que hay un problema mucho más pernicioso.

Aunque el dato sea chocante, no es difícil adivinar qué lo motiva. Desde que se inauguró la administración actual, en julio del 2016, los peruanos hemos asistido a un serial de revelaciones de casos de corrupción, que se ha ido desbrozando por capítulos y que ni siquiera se ha detenido durante la emergencia sanitaria.

En diciembre del 2016, como se recuerda, se difundió la declaración que Marcelo Odebrecht, ex-CEO de la constructora brasileña que lleva su apellido, brindó a las autoridades estadounidenses, en el marco de las investigaciones por los millones de dólares que la compañía desembolsó en América Latina, en la forma de sobornos y aportes de campaña.

Entonces, empezó a desenrollarse un carrete de revelaciones que, hasta el momento, ha motivado sendas órdenes de prisión preventiva contra los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala (cuyas fisuras de su gestión, como la hoy anulada adjudicación del gasoducto sur peruano, se han evidenciado con claridad en este quinquenio), el suicidio del exmandatario Alan García cuando iba a ser detenido preliminarmente y la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia, poco menos de dos años después de haber llegado al cargo. El escándalo también provocó el encarcelamiento temporal de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, algunos exgobernadores regionales y varias cabezas de las constructoras peruanas que se coludieron con Odebrecht, como Graña y Montero.

Solo lo anterior bastaría para entender el dato que comentábamos al inicio de este editorial, pero los escándalos no se agotaron allí. A mediados del 2018, varios medios periodísticos (entre ellos, este Diario) empezaron a publicar audios registrados por la fiscalía que dejaban al descubierto una organización criminal enquistada en nuestro sistema de justicia y cuyos contactos llegaban hasta el hoy extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos (JFS). En este último, sobresalía la figura del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, que terminó dimitiendo cercado por las protestas ciudadanas y sus propios exabruptos.

Finalmente, no podemos ignorar el caso del ‘club de la construcción’; un cártel de constructoras nacionales y extranjeras que se ‘ruleteaban’, con el contubernio de funcionarios estatales, la adjudicación de grandes proyectos de infraestructura. Un escándalo que, incluso, ha puesto en agrios aprietos al presidente Martín Vizcarra, por su pasado como gobernador de Moquegua.

Visto lo anterior, es de esperar que en la campaña que ya comienza las promesas electorales sobre cómo atajar este flagelo proliferen. De hecho, será fundamental –y es evidente que así lo demanda la ciudadanía– que las propuestas en torno a este tópico tengan un espacio importante en la discusión electoral y que los candidatos se empeñen en plantear verdaderos remedios a esta situación. No se tratará solo de garantizar las sanciones más justas, sino también de llegar a todos los rincones del Estado donde la corrupción existe sin ser vista.

Quienes finalmente lleguen a gobernarnos tendrán la obligación de elegir las ideas más sensatas vertidas durante la contienda para ponerlas en práctica y enfocar de manera acertada la lucha contra esta lacra. El problema, como se sabe, percude gran parte del aparato público y del privado y la tarea para corregirlo tendrá que ser ambiciosa. Es lo que el país exige y quienes aspiran a una cuota de poder deben tenerlo claro.