Editorial: Miopía y Vizcarra

El más reciente reporte de la ONPE sobre las actas del sufragio congresal por Lima contabilizadas indica que el expresidente Martín Vizcarra cuenta ya con 164.112 votos preferenciales y que el partido que lo postuló, Somos Perú, pasará la valla electoral. En condiciones normales, eso querría decir que su incorporación a la próxima representación nacional es segura. Como sabemos, sin embargo, las condiciones que enmarcan su situación a ese respecto no son normales. A los casos que el exmandatario enfrenta en el fuero común –Gobierno Regional de Moquegua, Richard Swing y ‘Vacunagate’– se les suman varias denuncias en su contra en el Parlamento cuya resolución se encuentra todavía pendiente. Y una de ellas, relacionada con el último de los casos mencionados, podría terminar frustrando sus expectativas de llegar al Congreso.

El hecho de que, mientras era jefe del Estado, Vizcarra se hiciera inocular a sí mismo, a su esposa y a uno de sus hermanos con la vacuna de Sinopharm pese a que ninguno era voluntario de los ensayos clínicos le ha valido, efectivamente, un pedido de acusación constitucional e inhabilitación para ejercer un cargo político por diez años que ya fue aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en la Comisión Permanente. Lo único que falta es que la iniciativa sea vista y votada en el pleno, lo que al parecer ocurrirá este viernes.

Por la disposición que anuncian varias bancadas sobre el particular, es muy probable que en esa sesión la inhabilitación prospere, en cuyo caso el expresidente no podrá acceder a la curul que, desde la perspectiva del voto, le correspondería. Es cierto que ha interpuesto él ante el Poder Judicial dos recursos de amparo, objetando lo que ha llamado un “proceso express” y supuestamente vulnerador del debido proceso, pero sus posibilidades de conseguir un pronunciamiento favorable en alguno de ellos lucen remotas.

Con prescindencia de lo que suceda el viernes, no obstante, el cuadro es desconcertante. ¿Cómo un político al que, con indicios abrumadores, se acusa de haberse beneficiado por la vía de la corrupción de la entrega de la buena pro de distintas obras durante su mandato como gobernador de Moquegua, de haber favorecido cuando era presidente la contratación irregular de personas allegadas a él por parte del Estado y que forzó su vacunación furtiva en medio de uno de los peores momentos de la pandemia pudo obtener una votación tan alta en los comicios del domingo?

En honor a la verdad, hay que reconocer que la circunstancia no es completamente inédita. Otros candidatos con acusaciones y hasta sentencias por delitos de distinta naturaleza han recibido antes un respaldo suficiente de determinados sectores ciudadanos como para alcanzar el puesto de representación política al que aspiraban. Pero en este caso los escándalos a los que aludimos han estado hace muy poco en el centro de la atención pública y las mentiras con las que el protagonista de todos ellos se ha defendido han sido clamorosas. Para no abundar en el descaro que supone cargar con toda esa mochila y presentarse como un abanderado de la lucha anticorrupción…

¿Qué es lo que explica, pues, la miopía que afecta a tantos votantes a la hora de discernir a quién respaldarán en las urnas? Seguramente, el ánimo de revancha contra las fuerzas igualmente deplorables a las que se enfrentó cuando estaba en el poder tenga algún peso en su actitud, pero eso no constituye realmente una justificación valedera.

“Estoy dispuesto a ignorar tus pecados si te enfrentas a mis enemigos” es un mensaje tácito tan pernicioso como el que transmitía la conocida fórmula “roba pero hace obra”, y debe ser puesto en evidencia con igual claridad.

Mientras sigamos votando con esa cortedad de vista ninguna calidad podremos esperar de nuestra representación política.