Editorial: El turno del Congreso

Ayer, tras una sesión del Consejo de Ministros, el Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de ley de reforma constitucional que pretende adelantar las elecciones presidenciales y congresales al 2020, medida que había anunciado el presidente Martín Vizcarra en su discurso de 28 de julio. En la propuesta se recoge también que habrá elecciones para el Parlamento Andino, y que el jefe del Estado no podrá ser candidato. El proyecto de ley deberá ahora ser debatido en el Parlamento, y de aprobarse, sería sometido a referéndum ante la ciudadanía.

La decisión del presidente, como se sabe, llega como respuesta a la forma en la que el Parlamento aprobó algunos de los proyectos de reforma política del Ejecutivo –particularmente, el referente a la inmunidad parlamentaria– y al entrampamiento que han generado los constantes conflictos entre ambos poderes del Estado desde que fueron electos en el 2016. Un enfrentamiento que, como hemos señalado antes en esta página, ha dificultado la gobernabilidad, y por ende el desarrollo del país.

Es indudable que, más allá de las discrepancias políticas, naturales en toda democracia, hubiese sido ideal que el Ejecutivo y el Congreso llegaran a un entendimiento que les permitiese trabajar juntos hasta el 2021 y cumplir con el período que la ciudadanía les encomendó; sobre todo considerando que el Perú está próximo a cumplir 20 años de sucesiones presidenciales sin graves contratiempos institucionales. No obstante, ante esta coyuntura de confrontación y desprestigio, una propuesta que busca replantear el panorama no resulta inoportuna y merece ser seriamente evaluada.

En esta línea, la iniciativa del Ejecutivo podría representar una oportunidad para que ambos poderes remedien una situación que los parece haber desbordado, sin alterar el orden institucional que tanto nos costó recobrar. La medida, como ya se ha señalado, está dentro de las prerrogativas que le otorga la Carta Magna al gobierno, a la par que le permite al Legislativo dar una respuesta directa a ese pedido, que ya ha anunciado que recogerá y respecto al cual procederá dentro del marco constitucional.

Nuestra representación nacional ahora tiene la crucial tarea de discutir de manera seria y concienzuda la medida propuesta por el presidente. Esta responsabilidad incluye no solo tomar con celeridad una decisión sobre su pertinencia y viabilidad –ya que la incertidumbre que ha generado no debe ser prolongada innecesariamente–, sino también sopesar el bienestar del país, puesto que sobre sus ciudadanos recaerán las consecuencias de la actitud que elijan tener nuestros legisladores en las siguientes semanas.
Por su parte, una vez adoptada una decisión, el gobierno tendrá la obligación de respetar lo que pueda resolverse en el Parlamento y deberá manejarse en estricto cumplimiento de las normas constitucionales que regulan la materia.

En suma, este Congreso tiene frente a sí una de las decisiones más importantes que tendrá que tomar desde que sus miembros fueron elegidos. La crisis política en la que estamos sumidos desde hace tres años, que ya tiene como saldo la renuncia de un presidente, la caída de todo un Gabinete, el amplio descrédito del Legislativo y el descontento con el Ejecutivo, exige medidas que dejen de lado los intereses personales de nuestras autoridades, y la priorización de lo que el país necesita.