Editorial: Las tentaciones del Congreso

Esta semana, el Congreso votó dos iniciativas. La primera regula el cobro en los estacionamientos, mientras que la segunda hace lo propio para las plataformas que proveen los servicios de taxi por aplicativo (como Uber).

En resumen, el proyecto de ley sobre los estacionamientos –aprobado en segunda votación– introduce algunos cambios en la legislación actual, como la prohibición de exigir al usuario un pago por perder el ticket de parqueo, la proscripción de los carteles que advierten que la empresa no se responsabiliza por el robo al vehículo, el tiempo máximo que puede estar un usuario sin pagar en los centros comerciales o la modificación en la unidad temporal que sirve de base para calcular la tarifa –que pasará a ser por minuto–.

Respecto a los taxis por aplicativo, la iniciativa –admitida en primera votación– dispone, entre otras cosas, que se cree un registro para las empresas que proveen este servicio a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Ordena, además, que las compañías sean fiscalizadas por tres entidades –el MTC, el Ministerio del Interior y la municipalidad provincial correspondiente–, y obliga al MTC a establecer las sanciones para las empresas por las infracciones que puedan cometer los conductores.

En el papel, ambos planteamientos pueden sonar bastante bien y hasta lucir como medidas que tratan de hacer justicia (qué mejor que una ley que busca ‘proteger’ a los consumidores de los ‘abusos’ o las omisiones de las compañías). La realidad, sin embargo, no es tan maravillosa.

El proyecto sobre estacionamientos, en realidad, constituye una injerencia injustificada del Congreso en la actividad privada. Las frágiles costuras de la norma saltan a la vista con poco esfuerzo. El texto, por ejemplo, parece desconocer que cuando un centro comercial acondiciona un espacio para ofrecerlo como estacionamiento está realizando una inversión que luego tratará de recuperar poniendo una tarifa que le resulte rentable. Los congresistas harían bien en explicar los efectos que tendrá su norma, incluyendo los casos de las empresas que ya hicieron una inversión bajo una anterior proyección de ganancias. No es difícil prever, después de todo, que al ser presionadas por la legislación, las compañías tengan que ajustar las clavijas en otros lugares (como, por ejemplo, subiendo el precio del servicio por minuto). ¿Y dónde queda allí el beneficio al ciudadano?

Tampoco está clara cuál es la razón de peso que fundamenta tan draconiano cambio, pues, como todos sabemos, no existe tal cosa como un ‘derecho a estacionar’ que se estaría vulnerando hoy.
En lo que respecta a los taxis por aplicativo, por otro lado, resulta extraño que el Congreso busque regular un servicio que, de por sí, cuenta con mayor protección que el de los taxis informales. Posiblemente, al cargar con mayor regulación, la ley podría terminar alzando los precios de una opción que, para muchos usuarios, es percibida como más cómoda y segura en contraste con la oferta callejera.

Es cierto que algunas de estas aplicaciones han registrado episodios deleznables –como violación a algunas usuarias o reiterados episodios de acoso–, pero cabe preguntarse si los esfuerzos no estarían mejor dedicados a reforzar las labores de persecución y castigo del delito que a nuevas normas. Después de todo, el Estado (a través del Indecopi y la policía) ya cuenta con las herramientas para sancionar a los responsables y no requiere un marco legal especial para actuar.

Lo que hay detrás de estas dos iniciativas, en realidad, es una pulsión incontenible por normar sobre la actividad privada, más aun si tomamos en cuenta que hablamos del mismo Parlamento que se ha mostrado pródigo en proponer regulaciones de todo tipo, como hizo antes con el proyecto de ley que busca controlar el precio de los medicamentos.

Y el hecho de que el congresista aprista Elías Rodríguez solicitara una reconsideración al Congreso de la votación en el caso de los estacionamientos no altera un ápice el exabrupto. Por el contrario, es una constatación de que algo no camina bien con la norma.

Sería bastante saludable que el Congreso atendiera el pedido del parlamentario Rodríguez. Y que, en el caso de los taxis por aplicativo, use la segunda votación para enmendar el sentido de su voto. Pues lo peor de cometer un error, se sabe, es persistir en él.