Editorial: Responda, Foronda

Ayer, presionada por el escándalo que levantó el domingo por la noche un informe del programa “Panorama”, la congresista del Frente Amplio (FA) María Elena Foronda separó de su despacho a la condenada por terrorismo Nancy Madrid Bonilla, que se venía desempeñando como asistente suya desde julio del 2016. Según ha declarado la legisladora, su ex colaboradora le dijo que “ante todas esas patrañas […] ya no podía seguir trabajando”.

Las ‘patrañas’ serían que Madrid Bonilla estuvo ‘asociada’ con el MRTA y durante el juicio en el que se la condenó a 18 años de cárcel admitió haber alquilado una vivienda para que en ella funcionara una de las llamadas ‘cárceles del pueblo’, donde ese movimiento terrorista tenía cautivas a las personas que secuestraba. Casada con Edgar Enrique Chahua Damián, quien también purgó prisión por ese delito, ella fue capturada y presentada en su momento junto a Peter Cárdenas, uno de los principales cabecillas de la organización criminal, y estuvo en aquella ocasión casi tan vociferante como él. Tras cumplir su sentencia, debió pagar una reparación civil, cuyos intereses, según “Panorama”, todavía adeuda.

Pero más allá de eso, lo que ha causado indignación es el hecho de que una persona que conspiró contra la democracia haya sido contratada para trabajar para el Estado que alguna vez quiso traerse abajo. Y la sola circunstancia de que la señora Foronda haya decidido o aceptado removerla de la función que cumplía indica que ella misma comprendía lo insostenible de la situación.

La parlamentaria Foronda, además, no ha respondido hasta ahora cabalmente lo que el periodismo le ha preguntado sobre este espinoso asunto. A la reportera de “Panorama” simplemente le dijo: “No voy a contestarle, porque no creo que es la manera correcta […]. Cuando quiera entrevistarse conmigo, yo encantadísima. Hoy no puedo, después del Día de la Madre estoy viajando a provincia” (una contestación que, dicho sea de paso, recuerda la de su colega Yesenia Ponce cuando se le pidieron aclaraciones sobre sus dudosos registros académicos y no tuvo mejor idea que balbucir: “Estamos en el Día de la Mujer y merecemos respeto”). Y ayer, ya con la tormenta política desatada en torno a ella, trató inicialmente de desviar la atención del punto central con teorías de conspiración (“Qué casualidad que [esto ocurra] cuando el FA logró la derogatoria de varias leyes que son injustas frente a los derechos humanos”), o con una defensa efectista de los terroristas que salen de la cárcel (“¿Qué hacemos? ¿Los ponemos a todos fuera, en algún hueco?”).

No, señora, en ningún hueco, pero tampoco en la administración pública a recibir un sueldo que se paga con los impuestos de todos los peruanos.

“El objetivo soy yo, el objetivo es el FA”, ha clamado también la congresista. Y nuevamente se equivoca. El objetivo son los contemplativos del terrorismo… y resulta que en la bancada del FA hay tres: Justiniano Apaza, que un año atrás sostuvo que ciertos miembros del MRTA podían ser considerados “presos políticos”; Rogelio Tucto, que hace apenas un mes propuso indultar a Abimael Guzmán; y la propia señora Foronda, que en el 2008 firmó un comunicado del llamado ‘comité pro libertad Víctor Polay’, en el que se consideraba la sentencia del cabecilla máximo del MRTA (al que se denominaba ‘guerrillero’) “arbitraria e injusta” y su reclusión en la base naval del Callao, “una venganza política”.

Y si bien en el FA se ha hablado de considerar sanciones en casos como el del parlamentario Tucto, hasta donde se sabe estas nunca se han materializado. Con lo que, mal que les pese, el problema sigue afectando a todo el conglomerado hasta que no ofrezcan una improbable explicación satisfactoria.

La señora Foronda, por su parte, por toda autocrítica, deslizó ayer en un primer momento: “¿Que fue un error el quizás cometer esta acción [sic]? Tenemos que evaluarlo”. Una evaluación que llegó en un comunicado difundido anoche, en el que sostuvo: “Desde la perspectiva política, consideramos que la contratación de la mencionada asistente ha significado un lamentable desacierto al confiar solo en la evaluación formal por parte del Congreso de la República”. Y aunque es positivo que reconozca el ‘desacierto’, el comunicado hace poco por borrar la actitud desafiante que inicialmente tuvo la congresista.

Ahora, en fin, toca una evaluación de la ciudadanía. Y más temprano que tarde, la forma de comunicarla –y de forzar a esta congresista a responder por sus actos– será a través de las urnas.