Editorial: Parto pendiente

Hace algunos días se conoció el caso de la pareja de esposos Rosario Madueño y Jorge Tovar, quienes recibieron 12 meses de prisión preventiva luego de que en el control migratorio del aeropuerto Jorge Chávez se identificó que la fecha de ingreso de la pareja al Perú era posterior al nacimiento de los mellizos con los que viajaban. Ellos aseguran que los niños, hoy a cargo del Inabif, fueron engendrados mediante gestación subrogada, una técnica de reproducción asistida (TRA) popularmente conocida como ‘vientre de alquiler’. Pero la fiscalía sospecha que habrían comprado a los menores para llevarlos con fines de explotación a Chile y los acusa del delito de trata de personas.

La gestación subrogada es una técnica mediante la cual un óvulo fecundado es implantado en una mujer que, a pesar de que será quien lleve adelante el embarazo y dé a luz, no tiene relación genética con el bebe. En este caso, la pareja habría usado óvulos de una donante anónima, fecundados con los espermatozoides de Tovar. Tanto la clínica donde habría tenido lugar el procedimiento como la mujer que habría gestado han confirmado esta versión.

Si bien se espera que el asunto sea resuelto hoy con los resultados de una prueba de ADN solicitada tanto por la pareja como por la Defensoría del Pueblo – que no se entiende por qué no fue hecha antes de la reclusión–, mientras no haya un marco normativo que regule las TRA en el país, un caso así de absurdo podrá repetirse en cualquier momento.

En nuestra legislación, solo hay una breve mención a las TRA. El artículo 7 de la Ley General de Salud sostiene que todas las personas tienen derecho a tratar su infertilidad y a procrear mediante las TRA, pero la condición de la madre genética y la madre gestante tiene que recaer sobre la misma persona. Algo que no sucede en la gestación subrogada.

Este requisito habría llevado a la fiscal a cargo de la investigación a afirmar que en nuestro país es ilícita. El problema, sin embargo, es que no existe una prohibición expresa a la gestación subrogada que permita hablar de delitos. Más aun, existen diversas sentencias judiciales en nuestro país que han reconocido esta figura. La más reciente, del 2017, declaró fundado un recurso de amparo presentado por una pareja luego de que el Reniec no aceptara registrar a la mujer como madre de dos niños gestados vía esta técnica (el óvulo era de una donante). Se ordenó así que el Reniec inscribiera a los menores con los apellidos de la pareja, reconociéndolos como los padres legítimos.

Mientras no exista una regulación sobre la gestación subrogada, los derechos reproductivos de los padres estarán en peligro. ¿Con qué seguridad acudirán a este método de fertilización, cuando hemos visto los resultados que puede traer? Los derechos a la identidad de los menores, por su parte, tampoco estarán asegurados. Es necesario, así, que una futura norma otorgue garantías mínimas a los padres biológicos y a la mujer que lleve el embarazo. Y también discutir diversas cuestiones, como si se permitirá o no una contraprestación a las madres subrogadas, o, en todo caso, qué gastos podrá cubrir la pareja que desea tener un hijo.

Ayer, en un comunicado, congresistas de todas las bancadas se pronunciaron a favor de la gestación subrogada y se comprometieron a elaborar el marco normativo adecuado. Esperemos que cumplan y que lo hagan antes de que otro niño tenga que pasar una noche en un albergue cuando tiene padres que lo esperan.