(Foto: Rolly Reyna)
(Foto: Rolly Reyna)
Editorial El Comercio

Constantemente en nuestro país, eventos climáticos que se repiten con alguna frecuencia –como El Niño o los huaicos– son recibidos como sucesos anormales. Esto a pesar de que los avances científicos de los últimos años nos permiten tener gran certeza sobre el origen y el desarrollo de este tipo de fenómenos. En esa medida, los reflejos insuficientes y reactivos de las autoridades ante tales circunstancias carecen de una explicación plausible. Y las de las zonas altoandinas constituyen otro claro ejemplo de ello.

Cada año en las regiones de la sierra centro y sur del país se produce un descenso dramático de las temperaturas que pone en peligro la supervivencia de sus habitantes y arrastra consigo una cadena de calamidades como la muerte del ganado. Los daños que causan las heladas no son algo novedoso, pues estas –a diferencia de los terremotos– no emergen súbitamente. No corresponde, pues, llamarlas ‘emergencias’.

La emergencia, más bien, parece residir en la manera en la que entendemos (y abordamos) estos sucesos.

Empezando por la estadística. Las cifras oficiales sobre el impacto de las heladas no son del todo claras. El Ministerio de Salud, por ejemplo, ha registrado que en lo que va del 2018 (incluyendo los meses de verano) murieron alrededor de 820 personas por neumonía (un mal que se agrava por el frío, pero responde también a factores como la pobreza y la desnutrición, y que representa solo uno de los siete tipos de infecciones respiratorias agudas que se presentan en el país). La Defensoría del Pueblo reconoce 182 fallecidos por las heladas, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) recoge apenas diez víctimas mortales por bajas temperaturas desde el inicio del invierno.

El COEN, además, señala que los afectados por las heladas en el mismo lapso de tiempo ascienden a más de 565 mil y que han resultado afectadas 2.300 viviendas, 21 escuelas, cinco establecimientos de salud y más de 218 kilómetros de carreteras.

Una revisión del problema tan solo en los últimos años –que comprende también la dificultad de hallar información precisa– demuestra su recurrencia. En agosto del 2017, por ejemplo, el entonces ministro de Cultura, Salvador del Solar, informó que habían fallecido 13 personas por heladas solo en la región Puno. Y un año antes, en el 2016, un informe del Indeci daba cuenta de que las bajas temperaturas habían afectado a 257.251 personas y causado la muerte de 48 menores de 5 años entre abril y junio.

¿Cómo responde el Estado ante este panorama?

En lo que va del 2018, por ejemplo, se ha declarado el Estado de emergencia por heladas y nevadas en más de 120 distritos del país. Este tipo de declaratoria no es inusual. Si vemos, por ejemplo, el actuar del Estado en los últimos diez años, encontramos diversas declaratorias de esa naturaleza en distintas provincias de la sierra sur y centro. Desde el 2013, además, el Estado ha empezado a implementar cada año un “plan multisectorial ante heladas y friajes”. Concentrándonos en el del 2018, encontramos que sus medidas, en su mayor parte aunque no únicamente, responden a un criterio provisional para mitigar los embates de las bajas temperaturas, como la entrega de kits con víveres o algunos enseres (desde frazadas hasta semillas y abono para los cultivos, medicamentos para animales o módulos prefabricados para los servicios educativos).

Estas medidas puntuales, aunque positivas, parecen seguir la lógica de ‘respuesta’ característica de las coyunturas de emergencia. De hecho, la Defensoría del Pueblo ha calificado el plan de este año como uno de “enfoque asistencialista y de corto plazo” porque “comprende, en gran medida, los mismos distritos y las mismas acciones desde el 2014”.

Cierto es que algunas medidas dispuestas en este plan apuntan a trascender el período de las heladas y a ser sostenibles en el largo plazo, pero esto no garantiza su eficiencia. Por ejemplo, como denunció este Diario el mes pasado, en la localidad tacneña de Tarata –una de las más golpeadas en todo el país por el frío– se han instalado postes de luz, a pesar de que no hay servicio eléctrico, y se ha construido una posta que, por falta de personal, no opera.

De lo que se trata, en fin, es de entender que las bajas temperaturas forman parte del ciclo climático del país desde hace años. Las heladas no son un fenómeno inexplicable; lo inexplicable, más bien, es que el Estado las continúa tratando como una emergencia.