Editorial: Prueba impugnada

Los pobres resultados de la evaluación de conocimientos a la que se sometieron hace dos días los postulantes a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) han puesto sobre el tapete las carencias que venía arrastrando el proceso general de selección para integrar esa institución. Como se sabe, de las 104 personas que rindieron la prueba, solo 3 superaron el puntaje mínimo. Y estas todavía deberán pasar por la evaluación de currículo, la evaluación de confianza y por una entrevista personal para poder alcanzar la posición ansiada.

Si se considera que la instalación de la junta requiere de 14 aspirantes –7 titulares y 7 suplentes– que superen exitosamente todas las pruebas, queda clara la dimensión del problema que la comisión especial para la elección de sus miembros tiene entre manos.

Un juicio apresurado sobre lo ocurrido podría llevar a pensar que lo que ha estado mal planteado es solo el examen del domingo, pero en realidad los síntomas de que el proceso no iba a arrojar los resultados esperados se manifestaron mucho antes.

La evaluación de conocimientos contenía ciertamente preguntas cuestionables por la utilidad de la información (a veces demasiado elemental, a veces absurdamente sofisticada) sobre la que interrogaban a los evaluados. Y los datos sobre la pasada actuación pública de algunos de los aprobados han sugerido que estos no necesariamente las tendrán todas consigo en las evaluaciones que les faltan.

Pero si además recordamos que, de los 120 que se anotaron originalmente para participar del concurso público, al menos 27 registran o han registrado investigaciones fiscales en su contra por presuntos delitos que van desde el maltrato físico hasta la apropiación ilícita, y no pocos tienen una filiación política que podría hacer dudar de su imparcialidad una vez en el cargo, resulta obvio que el concurso no ha atraído precisamente a un número importante de profesionales con el tipo de perfil que se buscaba.

Empujados por el déficit de aspirantes con probabilidades de culminar exitosamente el proceso que la evaluación de conocimientos ha revelado, los integrantes de la comisión especial comparecieron ayer ante la prensa para anunciar algunas medidas supuestamente destinadas a remediar los inconvenientes que este enfrenta. En concreto, una ampliación del cronograma para la instalación de la JNJ, así como un nuevo concurso público para intentar llenar sus plazas.

La sensación que esta presentación ha dejado, sin embargo, es de desorientación generalizada. “Dado que se ha presentado este impasse, vamos a pedir que el consejo nacional para la reforma, que es una institución que se acaba de crear y que preside el presidente, rápidamente se constituya para informar sobre esta situación y para que se evalúen en este seno algunas alternativas de solución”, ha declarado el defensor del Pueblo (quien encabeza la referida comisión), lo que es en buena cuenta la admisión de que no tienen claro qué hacer.

La defensa cerrada que ensayó de una evaluación de conocimientos que evidentemente no ha funcionado –“Hemos presentado un examen bastante razonable”, sentenció en su momento Gutiérrez– indicaría, no obstante, que la permeabilidad a las críticas no va a ser el rasgo más saltante de esta extensión del proceso.

Según una vieja máxima de atribución incierta, seguir haciendo lo mismo y pretender obtener resultados distintos es una forma de necedad o locura. Ojalá la comisión así lo entienda y empiece por reconocer los problemas de la prueba del domingo, para luego impulsar un cambio más amplio de los requisitos a exigir a quienes aspiren a integrar una institución tan relevante para el futuro de la administración de justicia en el país.
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