Editorial: Pulpines en pausa

Gran polémica ha generado en los últimos días el intento de la Comisión Permanente del Congreso de aprobar una iniciativa legislativa que busca crear una nueva modalidad formativa aplicable únicamente para estudiantes de centros de educación técnico-productiva y los institutos de educación superior tecnológicos, denominada “experiencias formativas en situaciones reales de trabajo”.

En particular, las críticas a este proyecto de ley tienen que ver con la creación de un régimen especial, por el cual los alumnos de estas instituciones podrían dedicar hasta 20 horas semanales (por un total de 448 horas en un máximo de tres años) a labores dentro de una empresa (o en los propios institutos educativos) sin recibir por ello una remuneración. Esto, como ha sido advertido por diversos especialistas, genera un tratamiento discriminatorio reñido con la Constitución y desfavorable respecto del resto de modalidades formativas, como las prácticas preprofesionales para estudiantes universitarios que sí son compensadas económicamente.

Frente a los epítetos que calificaban esta iniciativa como “esclavista” y los que replicaban tildando a los objetantes de “terroristas”, la autora del proyecto de ley, la fujimorista Rosa María Bartra, anunció que había decidido ponerlo “en pausa”, pese a que el texto ya había sido aprobado en primera votación en la Comisión Permanente y exonerado de una segunda votación. Cabe añadir que en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte la iniciativa había contado con el respaldo de parlamentarios de otras bancadas como Peruanos por el Kambio y Alianza para el Progreso, y también de las izquierdistas Nuevo Perú y el Frente Amplio (que, contradictoriamente, fueron luego las más clamorosas opositoras).

Sin embargo, más allá de la nueva muestra de insuficiente reflexión que han dado los legisladores, preocupa en especial el poco entendimiento y voluntad por plantear reformas que mejoren las condiciones y oportunidades laborales de la mayoría de trabajadores del país y, particularmente, las de los jóvenes que recién se incorporan al mundo laboral.

Como se sabe, en el Perú 7 de cada 10 trabajadores laboran en la informalidad. De hecho, el empleo informal creció a 73,3% el año pasado, mientras el empleo formal tuvo un descenso de 2,8% en el área urbana nacional, según el INEI. Precisamente, uno de los grupos más afectados ha sido la población ocupada joven (menor de 25 años de edad), cuyo nivel de empleo descendió 5,2% en la capital durante el 2017. Según la Encuesta Nacional de Hogares del 2016, el 86,2% de la PEA ocupada joven se encuentra en condiciones de informalidad.

Pese a esta situación, escasean en el Parlamento y en el Ejecutivo propuestas para cambiar la legislación laboral, atiborrada de sobrecostos y regulaciones, que la convierten en uno de los diez regímenes más inflexibles del mundo y que desincentivan la contratación formal en el país.

Hace unos años, el Congreso derogó la Ley 30288 que establecía un régimen especial con menores sobrecostos laborales (pero garantizando una remuneración mínima y otros derechos) a jóvenes entre 18 y 24 años que se encontraban desempleados o que recién ingresaban al mundo laboral. Unos meses atrás, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que trasladaba uno de los costos que enfrentan los empleadores (el gasto en Essalud) para contratar a trabajadores jóvenes (menores de 29 años) al Estado, y pese a su limitado alcance y ambición, ni siquiera ha sido objeto de dictamen en comisión parlamentaria.

Paradójica y demagógicamente, dichas iniciativas fueron bautizadas como ‘ley pulpín’ y ‘ley pulpín 2.0’ en alusión a la supuesta excesiva ingenuidad con la que se trataba a los jóvenes adultos a los que dicha norma aplicaba. Vaya uno a suponer la etiqueta que habría que colocar a los congresistas que aprueban raudamente normas que no hacen nada por favorecer la contratación formal remunerada, mientras que, con su inacción, condenan a la gran mayoría de jóvenes al statu quo de desempleo e informalidad.