“Tengo que negar todo”

“Lo que pasa es que yo tengo que negar todo eso y ella [también] tiene que negar […]. Tiene que negar porque, si no niega, […] eso sí me [supondría la] cárcel”. La autora de estas frases bastante sugerentes es nada menos que una congresista, la señora Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso), que saltó a la fama por ser la primera denunciada por mochasueldo en este período parlamentario; ese rótulo que ya alcanza a una decena de representantes nacionales (hasta donde sabemos). Y a quien alude al decir “ella” es a una extrabajadora de su despacho, Camila Mantilla, a quien presuntamente le habría recortado el salario para quedárselo.

La transcripción es apenas un extracto de dos audios que se encuentran en poder del Ministerio Público y que, aunado a otras pruebas, han sido utilizados por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, para denunciar constitucionalmente esta semana a la parlamentaria Ruiz por el delito de concusión. Según el documento al que accedió este Diario, la congresista contrató en su despacho a Camila Mantilla –quien sostuvo una relación sentimental con su hijo– en febrero del 2022, pese a que esta última no contaba con experiencia laboral, por lo que Ruiz le habría pedido a un asesor que salve este inconveniente mediante una supuesta constancia de trabajo de la Universidad de la Selva Peruana.

En palabras de un colaborador eficaz del Ministerio Público, apenas al mes siguiente de que fuera contratada, Ruiz le pidió a Mantilla que le diera una tarjeta para que ella pudiera disponer del dinero que el Congreso le desembolsaba. Así, en cálculos de la fiscalía, entre marzo del 2022 y febrero del 2023, la legisladora habría retirado más de S/55.000 de la cuenta de su trabajadora. Es en ese contexto que aparecen los audios que citamos al inicio, los que no solo delatarían las prácticas ilícitas de la parlamentaria, sino también su interés por bloquear el avance de las investigaciones en su contra por este caso. “Debemos evitar que Camila declare porque quiero saber realmente qué tiene el Ministerio Público”, se escucha decir a la congresista en otro audio. “La gerenta del Congreso me dice ‘bloquéalo’. ‘¿Me puedes ayudar?’, le he dicho. ‘Sí’, me dice. ‘Bloquéalo’, me dice, ‘pasa el tiempo y se archiva’”.

No es la primera vez que la congresista Ruiz se halla en un trance parecido. Recordemos que, en marzo del 2023, “Punto final” difundió el testimonio de otro de sus extrabajadores, Carlos Marina, que denunció que abonaba S/1.500 mensuales de su salario a la cuenta de su entonces jefa, quien supuestamente estaba “endeudada hasta el cuello” por sus gastos durante la campaña que la llevó al hemiciclo. Sin embargo, recordemos que antes el Congreso ya la blindó, tanto en la Comisión de Ética (donde solo se aprobó multarla), como en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (donde se archivó una denuncia en su contra por el delito de concusión). Por lo que la posibilidad de que sus colegas la vuelvan a proteger es alta.

Una mención especial merece el líder del partido al que Ruiz pertenece, César Acuña, quien afirmó esta semana lo siguiente: “Tengo la autoridad de pedirle que pida licencia […] hasta que aclare su situación legal”, esquivando el hecho de que tanto él como el partido que encabeza son corresponsables por haber permitido que Ruiz llegase al Parlamento.

Ojalá que esta vez las cosas sean diferentes, y tanto Alianza para el Progreso como el Congreso juzguen este caso con la seriedad y la urgencia que se merece. Después de todo, los indicios en contra de la legisladora Ruiz ya son tantos y tan sugerentes que dejan poco margen para la duda, aun así ella se empeñe en negarlo todo.