Editorial: La peor ceguera

El último domingo, un documental (“Brevete para un ciego”) elaborado por este Diario dio cuenta de que, en nuestro país, una persona que padece miopía severa –en otras palabras, que sin el apoyo de lentes prácticamente no ve– puede llegar a obtener una licencia para conducir vehículos de transporte público, como movilidades escolares o buses de carga, sin ninguna restricción, y sin haber usado lentes.

Esto, que de por sí parece irracional, dista mucho de ser un episodio aislado. Según contó en el reportaje el coronel PNP Franklin Barreto, se han registrado casos de “amputaciones de miembros en los choferes y [que] en su licencia aparecen como aptos”. Mientras que la propia gerenta general del Touring (la institución encargada de tomar las pruebas de manejo), Gabriela Goñi, reveló que reciben a muchos postulantes sin brazos, sin piernas o tuertos y en cuyos certificados médicos se garantiza que se hallan “aptos y sin restricciones”. Es decir, en el Perú, una licencia de manejo no certifica absolutamente nada.

Pero no es solo en el resultado final –la emisión del permiso de conducción– donde la incompetencia del sistema queda en evidencia. El documental da cuenta, además, de toda la cadena criminal que se despliega durante el proceso, y que incluye desde exámenes ‘exprés’ (en el que los evaluadores se saltan preguntas fundamentales, como las psicológicas) hasta la clonación de huellas digitales (para simular asistencias a clases que nadie dicta). Y esto, vale subrayar, es apenas una muestra.

A estas alturas del partido, resulta redundante explicar por qué este problema merece la atención prioritaria de las autoridades. Las cifras no pueden arrollarse. Cada año se registran alrededor de 3.000 muertes en el Perú por accidentes en las vías. Es decir, para cuando termine el día de hoy, otras ocho personas habrán perdido la vida en las pistas del país. Según un informe del INEI de inicios de año, además, las dos principales causas de siniestros de tránsito son la imprudencia (muchas veces traducida en alcoholización) de los conductores y el exceso de velocidad, bastante lejos de factores como la negligencia de los peatones, el estado deficiente de las pistas o la variable climática.

El problema, es claro, se sienta frente al volante.
Por ello mismo, es saludable que, aparte de una inicial demora en responder los pedidos de entrevista por parte de este Diario, la denuncia haya obtenido eco en las autoridades. En efecto, en los últimos días, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha removido al director del área a cargo del trámite de los brevetes y ha declarado en reorganización dicha dirección, además de interponer la denuncia penal contra los responsables.

Más allá de la respuesta gubernamental, empero, existe también una cuota de responsabilidad de la ciudadanía que es insoslayable. Pues si dentro del sistema de trámite de licencias pudo germinar y subsistir un mecanismo expedito y bien engranado ello solo fue posible con la complacencia, aunque sea tácita, del resto de personas.

Y son precisamente con estas pequeñas acciones de corrupción, que vamos aceptando y normalizando como si fueran fenómenos de la naturaleza, que nuestra institucionalidad comienza a descascararse. Quizá ello explique por qué, según un estudio de El Comercio-Ipsos publicado hace dos meses, la mitad de los peruanos tiene una propensión media o alta hacia la corrupción.

En el Perú, el problema mayor es que los ciudadanos hayamos aceptado estos actos –en apariencia diminutos– como parte de la cotidianidad. Después de todo, se sabe, no hay peor ceguera que la de aquel que, teniendo la verdad al frente, no quiere ver.