El presidente Martín Vizcarra se presentará ante el Congreso este domingo en una sesión solemne. (Foto: Congreso)
El presidente Martín Vizcarra se presentará ante el Congreso este domingo en una sesión solemne. (Foto: Congreso)
Editorial El Comercio

Hace un año, cuando el presidente daría su primer mensaje a la nación por Fiestas Patrias, desde esta página hablamos sobre cómo el evento entrañaba un punto de inflexión para el país. Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y con el estallido de un grave escándalo de corrupción en el Poder Judicial –que dio a conocer la bancarrota moral de muchos de sus miembros–, el Perú necesitaba que el jefe del Estado se mostrase presto para liderar una reforma del ecosistema institucional y para reanimar una economía que empezaba a enfriarse. La crisis, por lo tanto, significaba una oportunidad de oro para que se avanzase hacia estos objetivos.

Entre ese momento hasta la fecha que hoy celebramos, el gobierno demostró querer aprovechar esta tesitura con la presentación de múltiples proyectos de reforma política y judicial. En el camino, empero, por las demoras del Congreso a la hora de recoger y aprobar las iniciativas y por la estrategia del Ejecutivo de nutrir su aprobación enfrentándose a los parlamentarios, llevó la confrontación entre ambos poderes del Estado a nuevos niveles, incluso desembocando en el planteamiento de dos cuestiones de confianza cuyos efectos, en definitiva, no fueron los esperados.

En primer lugar, la reforma judicial, impulsada vigorosamente por el Ejecutivo y aprobada en el referéndum de diciembre del año pasado, ha demostrado tener serios vicios en su diseño. Ello ha llevado a que la implementación de la Junta Nacional de Justicia sea, sencillamente, un fiasco: ninguno de los candidatos para conformarla ha llegado a cumplir con los requisitos exigidos y algunos incluso demostraron tener preocupantes cuestionamientos legales. Indicios, como hemos dicho, de un proceso de selección negligente.

Respecto a la reforma política, cabe resaltar lo cuestionable de la manera en la que el Ejecutivo procuró sacarla adelante. Por medio de una solicitud de confianza, el gobierno pretendió definir las condiciones con las que el Legislativo debía aprobar seis proyectos derivados del trabajo de la comisión de alto nivel, exigiendo que se mantenga la esencia de los mismos so pena de interpretar la confianza como negada, abriendo el camino para disolver el Parlamento. Un intento meridiano de dirigir un proceso cuyos resultados tenían que ser competencia exclusiva del Congreso.

La movida del presidente Vizcarra y su equipo, empero no ha llevado al desenlace que ellos esperaban. En ese sentido, si bien el Congreso aprobó los seis proyectos de ley presentados como esenciales por el Ejecutivo, el más importante –el de la inmunidad parlamentaria– fue modificado al punto de no significar un cambio real en esta figura, pues la decisión de levantar esta prerrogativa aún recae en los parlamentarios. Las otras reformas también fueron objeto de alteraciones, con elementos importantes, como la eliminación del voto preferencial, quedando en el tintero.

Mientras tanto, en el campo económico tampoco hemos tenido avances reales. El crecimiento difícilmente alcanzará el 3% (cifra que ya era modesta) que se había proyectado para fin de año; el conflicto en torno al proyecto minero Tía María –uno de los más importantes para el país– se ha reactivado tras el otorgamiento de la licencia de construcción a la empresa Southern Perú, ante lo cual el Ejecutivo ha empezado a titubear (Vizcarra ha anunciado que se revisará el permiso); no se ha sacado adelante ninguna reforma importante, como la laboral, a pesar de que el gobierno anunció a inicios de este año que la emprendería; la inversión pública y la privada tienen una trayectoria francamente preocupante (la pública, en la primera mitad del año, solo creció en abril y junio, y la inversión privada no minera estuvo estancada en el primer semestre), y los altos niveles de informalidad siguen manteniendo marginados a millones de peruanos.

En suma, esta primera etapa de la administración Vizcarra termina con la sensación de que se pudo hacer más. El ímpetu que demostró en su mensaje a la nación del 2018 no logró traducirse en resultados concretos y su estrategia de confrontación con el Legislativo ha dejado de surtirle el mismo efecto de antes, a juzgar por cómo ha aumentado su desaprobación en las encuestas. Esperamos que durante el año que viene, el presidente se dedique menos a las pugnas políticas y más a tomar las decisiones que el país requiere.