(Foto: El Comercio)
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Editorial El Comercio

El actual panorama político y económico no permite comentar muchas buenas noticias. Entre la fragilidad del Ejecutivo, los desatinos del Legislativo y la debilidad de los indicadores económicos de los últimos meses, la coyuntura resulta por momentos densa y con poco espacio para el optimismo.

En este ambiente cargado, la exitosa adjudicación del proyecto minero Michiquillay se convierte en una rara y notable ocasión para despertar la confianza. Como se sabe, el martes pasado la empresa Southern Perú se adjudicó la buena pro del megaproyecto minero ubicado en Cajamarca. Su propuesta económica fue de US$400 millones y una regalía contractual del 3%. La empresa superó a otros nueve postores precalificados, lo que habla de un interés extendido por el proyecto.

La noticia es auspiciosa y no solo porque el monto de inversión es significativo (US$2.500 millones según los últimos estimados de la empresa). Un buen avance de Michiquillay bien podría encender los ánimos que el triste desenlace del proyecto minero Conga apagó en Cajamarca y en el país. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, solo esta región tiene el 22,3% del valor total de la cartera estimada de proyectos mineros, porcentaje que equivale aproximadamente al 5% del PBI nacional. A lo largo del Perú, hay nada menos que 48 proyectos mineros –de varios cientos de millones de dólares la mayoría de ellos– esperando para ser ejecutados. Su puesta en marcha tiene el potencial de cambiar el rostro a varias zonas del país sumidas en atraso y pobreza.

Pero el optimismo que puede despertar Michiquillay tiene que venir acompañado por trabajo y estrategia. El ex gobernador de Cajamarca Gregorio Santos ya afirmó que el proyecto estaba “naciendo muerto”. Luego de cuestionar el proceso de adjudicación de la buena pro, el también ex candidato presidencial procesado por actos de corrupción aventuró unos futuros “impactos ambientales” que podría tener la operación minera.

Llegado este punto, la película es harto conocida para todos. El gobierno y la empresa corren el riesgo de tropezar con la misma piedra, con las mismas supuestas preocupaciones ambientales y movilizaciones sociales que mantienen enterrados hasta hoy los minerales de Conga y del proyecto Tía María –este último también de Southern Perú–. Con un Ejecutivo debilitado y elecciones regionales en ciernes, la amenaza se hace aun más palpable.

El guion es tan predecible, sin embargo, que anticiparse a las líneas que usarán y repetirán los movimientos antimineros no debería resultar ya un trabajo novedoso. No haber aprendido de los desaciertos en materia de comunicación, de estrategia y de manejo de conflicto que tuvo el Estado con proyectos mineros pasados sería una negligencia injustificable. Southern Perú, por su lado, se debió llevar también valiosas lecciones de su hasta hoy frustrado intento por sacar adelante Tía María en Arequipa.

En particular, juega a favor del proyecto que la Cajamarca de hoy no es la misma Cajamarca que rechazó Conga a inicios de esta década. Luego de varios años consecutivos de deterioro económico profundo a causa de la paralización minera y de la baja en el ciclo de los commodities, Cajamarca aparece hoy más dispuesta a recibir la inversión privada que necesita para salir del último lugar de la tabla de pobreza.

La puesta en operación de Michiquillay tomará todavía varios años, tiempo suficiente para prepararse y asegurar la realización del proyecto, o para complotar su paralización. La señal que ello enviará a los otros proyectos y al mercado, sea cual sea el resultado de Michiquillay, será muy poderosa. En un gobierno escaso de logros, la adjudicación de un megaproyecto minero es una gran noticia, pero mucho más importante sería un proceso exitoso de gestión para sacarlo efectivamente adelante y demostrar que se aprendió la lección.