El ministro de Trabajo dijo que apelarán al diálogo político en el Congreso para viabilizar el proyecto del empleo juvenil. Indicó que se quiere formar, capacitar y certificar habilidades y capacidades. (Foto: USI)
El ministro de Trabajo dijo que apelarán al diálogo político en el Congreso para viabilizar el proyecto del empleo juvenil. Indicó que se quiere formar, capacitar y certificar habilidades y capacidades. (Foto: USI)
Editorial El Comercio

Esta semana el Gabinete liderado por se presenta en el Congreso para solicitar el voto de confianza. Todo parece indicar que lo conseguiría sin mayores contratiempos. Eso es una buena noticia. Luego de un inicio de año sumamente turbulento en términos políticos, el país necesita un período –lo más prolongado posible– de entendimiento y trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo.
No obstante, en un Congreso que ha mencionado en reiteradas ocasiones tomar muy en serio su labor de fiscalización y control, hay un punto en particular que merece llamar la atención durante la presentación del Ejecutivo: .

Hay dos motivos grandes de preocupación al respecto. El primero es que, como se sabe, el deterioro del mercado laboral es profundo. En épocas en las que la economía crecía a tasas altas y generaba empleos de calidad a pesar de las limitaciones regulatorias, era más fácil ignorar estas últimas. En cambio, en momentos de desaceleración, como el actual, las consecuencias de la rigidez y sobrecostos laborales se hacen mucho más obvias. La preocupación es económica, pero también es política y social. ¿Qué, si no, está más cerca de la gente, de los votantes, que su situación laboral?

En segundo lugar, existen dudas legítimas sobre el modo en que el nuevo titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), , entiende la problemática del sector laboral. En una entrevista con este Diario, el ministro tuvo algunas opiniones acertadas, como la necesidad de reevaluar el impacto y la eventual duplicidad de algunos programas de empleo, además del potencial clientelismo político que se puede armar alrededor de estos.

No obstante, en la misma entrevista el ministro también mostró otra faceta más preocupante. Después de cuestionar que los sobrecostos laborales sean una restricción a la formalidad en el Perú, puso en duda el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 2001 que no solo dificulta el despido de trabajadores sobre la creación de empleo a tiempo indefinido, sino que, al permitir la reposición a través de la vía judicial conlleva, en la práctica, a generar estabilidad laboral absoluta. En particular, señaló que “antes de la sentencia ya venía subiendo la contratación temporal”, por lo que “quizás esa sentencia no sea la razón necesaria y suficiente para explicar el aumento de los contratos temporales”.

Esta afirmación es, en el mejor de los casos, una media verdad. La evidencia muestra que del 2001 en adelante la tendencia de la creación de empleo a plazo fijo se hace mucho más pronunciada. Según un estudio de Grade, el fallo del TC “se ha traducido en una pérdida de ingresos laborales de los trabajadores en el orden de los S/6.100 millones en el año 2015”, y casi un millón de empleos indefinidos menos.

Enfrentado con sólida evidencia empírica sobre los efectos del fallo, el ministro resaltó que su respuesta era “meramente filosófica”, para a continuación poner en duda la metodología de los estudios econométricos en general. Si es ese el modo con que el MTPE tratará la evidencia para tomar decisiones de política pública, quedan por delante meses muy complicados.

Las respuestas del ministro son, vale reconocer, consistentes con sus posiciones anteriores. Por ejemplo, como hemos recordado en estas páginas, cuando era intendente nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el hoy ministro Sánchez firmó un comunicado que afirmaba que las propuestas para bajar los sobrecostos y flexibilizar el mercado eran parte de “una campaña tendenciosa […] cuyo principal objetivo es mantener las tasas de ganancias de un sector de empresas, a costa de la calidad de vida y la precariedad en el empleo de los peruanos”, entre otros comentarios similares.

Si a todo ello le sumamos que hace no mucho el ministro de Economía y Finanzas, , indicó que ya sería “bastante ambicioso” aspirar a que la rigidez laboral no aumente en los próximos años, la verdad que no es mucho lo que se espera por ahora del Ejecutivo de la necesaria reforma del mercado laboral. Cuando este miércoles el Gabinete se presente frente al Congreso, debería ser este uno de los puntos sobre los que vale la pena ejercer control y fiscalización, pero no desde una perspectiva “meramente filosófica”, sino una basada en evidencia y responsabilidad.