Proyecto Gasoducto Sur para transportar gas natural. El primer tramo de la obra se calcula que se terminará en (Foto:Difusión)
Proyecto Gasoducto Sur para transportar gas natural. El primer tramo de la obra se calcula que se terminará en (Foto:Difusión)
Editorial El Comercio

Hace unos días, los portales periodísticos y revelaron que había registrado en su sistema Drousys –el software interno que utilizaba para llevar la contabilidad de las coimas que iba desembolsando alrededor del mundo– varios pagos relacionados con diez proyectos en nuestro país.

La sorpresa fue que, además de las cuatro obras en las que la constructora ha reconocido que pagó sobornos y por las que llegó a un acuerdo de colaboración eficaz con las autoridades peruanas (Costa Verde Callao, Vía Evitamiento del Cusco, Iirsa Sur y línea 1 del metro de Lima), aparecían otros cinco proyectos, entre los que destacaba el gasoducto sur peruano concesionado durante el gobierno de .

Como era previsible, las reacciones de un sector de la clase política al destape no tardaron en aparecer, y se centraron principalmente en cuestionar la validez del acuerdo entre la empresa y la fiscalía, llegando al extremo de afirmar que este quedaba hecho agua ante las nuevas evidencias. La realidad, sin embargo, coloca algunos escollos a esos diagnósticos.

Como han informado en distintos momentos los fiscales y procuradores que participaron en su confección, el acuerdo de colaboración con Odebrecht no descarta la posibilidad de que la constructora haya delinquido en proyectos distintos a los comprendidos en él. Por el contrario, si aparecieran nuevos indicios –como, por ejemplo, los de esta semana– que sugirieran la existencia de otras obras adjudicadas gracias al pago de coimas, la fiscalía podía –y puede ahora– válidamente acordar con la firma brasileña un nuevo paquete de colaboración y el incremento de la reparación civil (cifrada, hasta el momento, en S/610 millones). De ser el caso, inclusive, los fiscales podrían iniciar un proceso penal contra los ex integrantes de la empresa –hoy beneficiados por el acuerdo– si se llegara a comprobar que mintieron en relación a la comisión de delitos en otros proyectos.

En otras palabras, lo revelado estos días puede terminar agregándose a lo pactado en el acuerdo; no lo contradice.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta bastante fácil advertir las costuras en los argumentos de aquellos que echan mano de la nueva información para tratar de liquidar la colaboración de la empresa. Estamos, pues, ante sofismas; es decir, aseveraciones con apariencia de verdad que, tras sufrir un rascado en la superficie, terminan revelándose como falsas.

Ahí está, por ejemplo, lo dicho por el legislador y vocero de la bancada de (FP), , en el sentido de que la noticia “pone en tela de juicio el acuerdo”. O lo manifestado por su colega de bancada Osías Ramírez, quien ha llegado a plantear que los funcionarios de Odebrecht sean ‘extraditados’ desde Brasil y que los bienes de la compañía sean embargados. Una propuesta similar a la del parlamentario Víctor Andrés García Belaunde, quien al tiempo de demandar la anulación del acuerdo, ha solicitado que los activos que Odebrecht aún mantiene en el Perú, como Rutas de Lima, sean “intervenidos por el Estado”.

Por otro lado, no han faltado tampoco quienes han visto en estas nuevas revelaciones una oportunidad para cargar contra el trabajo de las autoridades que participaron en la concreción del acuerdo. La congresista Yeni Vilcatoma, por ejemplo, ha denunciado una supuesta “corrupción en el Ministerio Público” y en la procuraduría “para poder blindar” a la empresa brasileña.

Imprecaciones que, como hemos explicado, no se nutren precisamente de la realidad.

¿Qué motiva esta nueva carga contra el acuerdo? ¿Estamos ante una reaparición de los esfuerzos por frustrar la colaboración de la empresa, que tan ingratas consecuencias legales podría acarrear para sus antiguas contrapartes en los arreglos bajo la mesa que cerraron en nuestro país? La circunstancia de que se trate, en gran medida, de los mismos actores que en un inicio intentaron hacer encallar el acuerdo con la constructora hace pensar, en cualquier caso, en algo más que una coincidencia y en un afán concertado de varios sectores para buscar, no una colaboración, sino una obstrucción eficaz del proceso.

La eficacia, no obstante, no daría la impresión de ser su habilidad más señalada.