(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Editorial El Comercio

El ha declarado fundada una acción de amparo para prohibir la emisión de “La paisana Jacinta” en televisión abierta y en señal de cable. Como se sabe, dicho programa, creación del humorista Jorge Benavides, fue transmitido durante años por el canal Latina y llegó a ser presentado bajo la forma de un espectáculo circense, y hasta dio origen a una película. El fallo, cabe añadir, ordena al canal en cuestión retirar todos los videos del programa que se hayan subido a cualquier “plataforma virtual”.

La controversia en torno a “La paisana Jacinta” no es reciente. Recordemos, por ejemplo, las duras críticas que el entonces ministro de Cultura, Salvador del Solar, le dispensó hace un año al personaje (“merece nuestro rechazo y nuestro repudio”, dijo) a raíz del estreno de la película “La paisana Jacinta: En búsqueda de Wasaberto”.

Coincidimos con todos aquellos que consideran que el referido personaje constituye una representación burda y grosera de la mujer andina, así como con el notorio sector de la ciudadanía que juzga el humor que desarrolla como una expresión inequívoca de racismo. Pero creemos también que cada peruano debe tener el derecho de sintonizar el programa o no. Todo ello, de más está decirlo, forma parte esencial de una sociedad democrática.

Creemos, en síntesis, que la definición de qué resulta gracioso y qué no es un derecho que asiste a cada individuo en una sociedad. Como es obvio, el hecho mismo de que “La paisana Jacinta” se haya transmitido durante más de una década indica que, en efecto, existe un público para el que el programa resulta, cuando menos, atractivo.

Pero más importante aun, lo que está en cuestión aquí no es si “La paisana Jacinta” es un producto nocivo o no para los espectadores. Lo que resulta a todas luces pernicioso es que el Estado actúe como censor y que un grupo de burócratas –sean estos funcionarios públicos o jueces– resuelvan y le indiquen al resto de ciudadanos qué debe ofenderlos y qué no; y, en base a ello, prohíban determinados contenidos.

En las sociedades, vale recalcar, existe un universo de valores y cánones tan plural y diverso como los individuos que las integran. El Estado puede promover la difusión de aquellos que considera más valiosos o idóneos, pero no puede ordenar que los ciudadanos acaten y se sometan a sus designios sobre lo que pueden ver, leer o escuchar. Salvo, claro está, que hablemos de estados totalitarios, como Corea del Norte, en los que una burocracia todopoderosa decide por los ciudadanos cuáles deberían ser sus gustos o valores.

Y es precisamente por esto último por lo que la sentencia del Poder Judicial es peligrosa. En su resolución, por ejemplo, el juzgado señala que “La paisana Jacinta” lesiona algunos preceptos constitucionales, como el principio de la dignidad humana. Un argumento que abre una peligrosísima puerta para que se proscriba cualquier otro programa satírico que alguien considere perjudicial para su dignidad. Es decir, bajo el paraguas del Poder Judicial, cualquier dosis de ironía en los medios, como las caricaturas –muchos de cuyos protagonistas en todo el mundo han denunciado que afectan su buena imagen y dignidad–, puede ser considerada lesiva. Preocupa, además, que el Ministerio de Cultura se dedique a ‘saludar’ decisiones de esta índole (en vez de esforzarse, por ejemplo, en fiscalizar adecuadamente los nexos entre sus funcionarios y las empresas a las que contratan).

Es innegable que en el Perú el racismo subsiste, pero eliminar la imagen de “La paisana Jacinta” no es la manera más efectiva de luchar contra este lastre. Lo que defendemos acá, insistimos, no es el programa –que, como hemos señalado, nos resulta desagradable–, sino la libertad que tienen sus creadores de difundirlo y quienes deseen verlo de seguir haciéndolo. Prohibir un programa de televisión (como prohibir una novela, una película o un cuadro de pintura porque a alguien le parece lesivo) es un despropósito incompatible con una sociedad libre. Y el fallo del Poder Judicial no es otra cosa que una censura inadmisible.