Editorial El Comercio

Ayer la Comisión Permanente del Congreso aprobó acusar constitucionalmente a , expresidenta del Consejo de Ministros, y a los extitulares de las carteras de Interior, Willy Huerta, y Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, por los delitos de rebelión y conspiración. Ahora será el pleno del Legislativo el que decida si, finalmente, el Ministerio Público continúa investigando a estos exministros por el papel que desempeñaron en el de .

En el caso de Chávez, fueron 24 los legisladores que estuvieron a favor de que sea acusada y solo dos (de las filas de Perú Libre y Perú Democrático, antigua y actual bancada de la exministra, respectivamente) los que se opusieron a esta posibilidad, mientras que uno más, de Perú Bicentenario, se abstuvo. Y, valgan verdades, la cantidad de votos en verde no sorprende, pues las evidencias de que tuvo un rol protagónico en la jornada del 7 de diciembre pasado son abundantes.

No se trata solamente de que, como le han contado a este Diario fuentes cercanas a la anterior administración, la señora Chávez y su antecesor en la PCM, Aníbal Torres, gozaban de una especial cercanía con el hoy preso expresidente, lo que de por sí torna inverosímil la tesis de que ella no sabía que Castillo había decidido quebrar el orden constitucional el último 7 de diciembre, sino que varias voces y registros audiovisuales de esa mañana la colocan en el centro de los preparativos del zarpazo.

La reportera de TV Perú que fue convocada ese día a Palacio, Cintya Malpartida, por ejemplo, le contó a la fiscalía que la entonces jefa del Gabinete le dijo a Castillo “bien, presidente” cuando este terminó de dar su mensaje a la nación en el que, entre otras cosas, anunciaba la disolución del Congreso y la intervención del sistema de justicia, y que luego, cuando le consultó directamente a ella por lo que iba a pasar, Chávez le dijo: “Ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo”. Otra persona que declaró ante las autoridades fue el exministro Huerta, quien subrayó que “Bettsy Chávez hacía las coordinaciones con los periodistas para la emisión del mensaje a la nación, indicando que se apuren”.

Adicionalmente a ello, grabaciones difundidas por “Cuarto poder” y “Panorama” la muestran en Palacio de Gobierno coordinando en los momentos previos al golpe, primero, con el equipo periodístico convocado para difundir el mensaje y, luego, con el entonces mandatario mientras se daban los detalles finales para la emisión de este. Por lo que su alegato de que ignoraba las intenciones golpistas de Castillo tiene que sortear primero varios escollos para lograr convencer a las autoridades.

No es este, sin embargo, el único episodio por el que la señora Chávez le debe explicaciones al país. Este fin de semana “Panorama” reveló que cobró más de S/15.000 en asignaciones del Parlamento cuando se desempeñaba como ministra de la anterior administración, algo expresamente prohibido por ley. Además, no olvidemos que antes de este destape, la extitular del Consejo de Ministros ya arrastraba tres procesos en la fiscalía, uno por el ya mencionado golpe de Estado, y otros dos por el presunto favorecimiento a la familia de quien sería su pareja, Abel Sotelo, en diferentes puestos de trabajo en el Estado y por la adquisición de un inmueble en Tacna.

Y recordemos que la Unidad de Investigación de este Diario halló en diciembre pasado que al menos 14 personas (todas nacidas o domiciliadas en Tacna, tierra de origen de Chávez) contrataron con el Estado luego de haberla visitado en su despacho parlamentario o en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, o de haber trabajado anteriormente con ella.

Se trata, en suma, de graves señalamientos y acusaciones contra la señora Chávez que no deben ser ignorados. Y, si bien es cierto que aquella que atañe a su participación en el operativo de desmontaje de nuestra democracia liderado por Castillo constituye la más importante de todas, nuestras autoridades no deberían perder de vista las otras.

Editorial de El Comercio