(Composición: El Comercio).
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Editorial El Comercio

Tan solo en sus primeras dos semanas, los audios divulgados por IDL-Reporteros y “Panorama” han provocado un remolino que, como comentábamos aquí días atrás, ha arrastrado a toda la plana mayor del sistema de justicia del país y amenaza con seguir haciéndolo; particularmente si se dan a conocer nuevas grabaciones del calibre de las ya escuchadas. La lista de personajes que aparecen en ellas, ya sea como interlocutores o terceros mencionados por estos, es en efecto amplia, e incluye, entre otros, a un magistrado supremo, a un presidente de corte, a un fiscal supremo, a empresarios, a congresistas, a un ministro de Justicia, a varios miembros del Consejo Nacional de la Magistratura e, inclusive, al titular del Ministerio Público.

No todos ellos, valga la precisión, se han convertido en sospechosos de haber cometido un delito o siquiera una inconducta, pues la cordialidad manifiesta en una conversación o la sola mención de un nombre en una de esas comunicaciones no es ni por asomo suficiente para colocar a persona alguna en semejante trance.

Pero la maraña de posibles delitos que el contenido de los diálogos sugiere es gruesa y comprende desde designaciones ‘a dedo’ para puestos en la judicatura hasta posibles rebajas de condenas, así como casos de tráfico de influencias y favorecimientos a familiares. En fin, todo un rosario de y de mala práctica profesional presente en más de una institución del Estado.

Existe, en esa medida, un problema adicional a los ya mencionados. A saber, que personas responsables de alguna porción del sistema de justicia tiendan a minimizar o relativizar la dimensión de la corrupción enraizada en él, o lo prioritario que resulta combatirla.

Cuando el ahora ex presidente del Poder Judicial, , admitió en una , por ejemplo, que bajo su administración se había ‘bajado la guardia’ contra la corrupción, sin comprender que eso hacía su permanencia en el puesto insostenible, estaba en realidad transmitiendo una valoración del problema. Lo consideraba, al parecer, un incordio, un asunto que merecía ciertamente más atención que la que él le había otorgado… pero no una circunstancia que ponía en jaque definitivo al sistema y que anidaba en el origen de todos los otros males que se le pudieran achacar (ineficiencia, sobrecarga, obsolescencia, etc.).

Imposible saber si esa indolencia respondía efectivamente a una mala percepción de la gravedad de la enfermedad que afectaba a la judicatura o era solo un esfuerzo retórico por atenuar lo que lo hacía lucir como un funcionario rebasado por las tareas urgentes que el cargo demandaba de él, pero sin duda fue una de las razones de su salida.

Es por eso que debemos ver con preocupación también lo declarado por el nuevo titular del Ministerio Público, , en una el domingo en este Diario.

A la pregunta sobre cuál consideraría él el principal problema de la institución bajo su responsabilidad, Chávarry responde: “Organización”. Y ante la repregunta incrédula de si no será más bien la corrupción, el fiscal de la Nación sentencia: “Hay corrupción pero es manejable”. Y luego añade: “Eso sí lo puedo manejar porque he trabajado en control interno”.

En primer lugar, lo que ha terminado de hacer obvio la crisis de los audios es que la corrupción en el sistema de justicia hace rato que dejó de ser ‘manejable’. Y en segundo término, no parece que nadie que haya trabajado en control interno pueda exhibir realmente logros al respecto.

En cualquier caso, no se trata aquí de coger una desafortunada declaración del señor Chávarry, que ya bastantes problemas tiene, para hacer escarnio de él o ponerlo contra las cuerdas cuando su gestión recién empieza.

Lo que esta reflexión busca es llamar la atención sobre lo alarmante que resulta que la relativización del problema que enfrentamos provenga de las cabezas de todo el sistema en crisis, pues si no son ellas las que asumen en primer lugar su gravedad, nada cabrá esperar de sus subordinados.