Editorial: ¿Quién da más?

Hay pocas cosas en el mundo tan fáciles como ser generosos con dinero ajeno. Lo saben los gerentes dispendiosos que no rinden cuentas adecuadas a sus accionistas y lo saben, sobre todo, los políticos. Gastar dinero de los contribuyentes a cambio de votos no cuesta nada.

La reflexión viene a cuento a partir del debate respecto de un eventual sistema de copago entre ciertos aportantes al sistema privado de pensiones (SPP) –administrado por las AFP– y el Estado. Según adelantó el presidente de la Comisión de Protección Social nombrada por el Ejecutivo, Alejandro Arrieta, en el marco de la reforma previsional se podría proponer un sistema de ‘matching’. La idea es que, por cada sol que aporta el afiliado a su cuenta personal de AFP, el Estado le agregue otro sol (u otra cantidad proporcional) a su misma cuenta, de modo que los cotizantes se vean incentivados a ahorrar más.

Dado que los empleados formales dependientes ya aportan de manera obligatoria, el objetivo de la medida debe ser atraer a los trabajadores independientes (quienes, pudiendo aportar de forma voluntaria, por lo general prefieren no hacerlo). De esta manera –se piensa–, más independientes querrán cotizar voluntariamente y más informales querrán pasar a la formalidad para recibir el copago estatal.

El costo de la medida, por supuesto, sería financiado con dinero de los contribuyentes. Y vale la pena cuestionarse si se trata de la forma más eficiente y justa de usar los recursos públicos. Después de todo, al tratarse aparentemente de un beneficio dirigido a los trabajadores independientes, se está motivando a estos últimos a permanecer en esa condición, en lugar de apostar por trabajos formales en los que se pueda generar mayor productividad.

Pero si esta era una idea controversial debido al potencial mal uso del dinero público, la posterior propuesta legislativa del parlamentario de Fuerza Popular Rolando Reátegui es llanamente preocupante. Aparentemente construyendo sobre lo planteado por la comisión que preside el señor Arrieta, el congresista presentó un proyecto de ley para que los afiliados al SPP aporten voluntariamente a un fondo que financiaría la reconstrucción del norte del país. ¿El costo? El doble del dinero aportado –una rentabilidad inmediata equivalente al 100%, pues, según el proyecto, el Estado reconocería un sol adicional por cada sol que aporte el cotizante–, más “los intereses legales que correspondan”.

Más allá de que el concepto de “intereses legales” es financieramente nebuloso, no queda del todo claro cómo así duplicar el aporte de los contribuyentes y sobre eso pagar intereses es menos costoso para el fisco que un endeudamiento regular para reconstruir el norte, como asegura el congresista Reátegui. Uno podría pensar que la respuesta a esta compleja interrogante financiera está en la sección de análisis costo-beneficio que toda iniciativa legal debe incluir. Lamentablemente, el único párrafo de aquella parte del documento menciona que la propuesta “no generará costo alguno para el Estado”.

Lo cierto es que, tanto para el caso de la eventual propuesta de la Comisión de Protección Social como en el de la iniciativa legislativa del congresista Reátegui, el dinero que está en juego para el copago previsional no es otro que el dinero de los contribuyentes. Por ello, prometer transferencias personales de recursos del Estado a personas que no se hallan en estado de necesidad es una propuesta delicada que, en cualquier caso, deberá obedecer a criterios netamente técnicos y no a los impulsos políticos del momento por quién da más.