Foto: EFE/ Aldair Mejía
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Editorial El Comercio

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Las protestas ciudadanas de la semana pasada contra el gobierno de Manuel Merino y la forma en que accedió al poder tuvieron, como se sabe, un trágico saldo cuyas causas requieren ser esclarecidas. Dos jóvenes fallecidos (Bryan Pintado e Inti Sotelo), múltiples desaparecidos (incluido Luis Fernando Araujo, que al aparecer denunció que fue secuestrado por agentes del grupo Terna) y un considerable número de heridos (entre los que se cuenta Alonso Chero, fotógrafo de este Diario) son realidades a las que ni el país ni sus autoridades les pueden dar la espalda. Es por eso adecuado que el Ministerio Público haya abierto una investigación por los presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones graves y desaparición forzada contra el propio expresidente Merino, el expresidente del Consejo de Ministros Ántero Flores-Aráoz y el extitular del Interior Gastón Rodríguez.

En una nota publicada dos días atrás en estas páginas, voces autorizadas para analizar lo ocurrido –como las del penalista César Azabache, el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe y el exdirector de la PNP y antiguo jefe de la Unidad de Servicios Especiales (USE) Eduardo Pérez Rocha– coincidieron en señalar que un despliegue policial como el que vimos en esos días no es regular y supone un plan de operaciones. Es decir, de organización previa y de órdenes emanadas de personas en una posición jerárquicamente superior a la de los efectivos que intervinieron en la represión de las protestas. Lo que hace falta establecer, en consecuencia, es de quién partieron las órdenes que recibieron los agentes de la USE y la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) que participaron en las operaciones y qué tan al pie de la letra fueron cumplidas.

Un detalle importante, en ese sentido, es que al inicio de las movilizaciones ninguno de los referidos exministros había asumido aún el cargo para el que fue nombrado y que, por lo tanto, la aprobación de los planes podría haber provenido directamente de Palacio de Gobierno.

Los otros puntos a esclarecer son si, como todo indica, se usaron contra los manifestantes armas no letales desde una distancia que no era la que establecen los procedimientos y con municiones ilegales, como perdigones de plomo y canicas; así como la ocurrencia de eventuales excesos en la utilización de los gases lacrimógenos. De igual modo, debe quedar absolutamente despejada la duda sobre la presencia de elementos del grupo Terna en las marchas con el fin de capturar a algunos de los “revoltosos”, pues, según Pérez Rocha, la circunstancia de que no estuviesen identificados como policías al momento de hacer una intervención rompería el principio de autoridad.

Para que las investigaciones se desarrollen de la forma esperada hace falta, por supuesto, que el comando policial y los responsables del sector Interior muestren una transparencia que hasta el momento ha estado ausente de sus testimonios. No olvidemos el modo en que las imágenes de video que circularon después de algunas de las jornadas de protesta desmintieron cinco días atrás lo dicho por el entonces titular del despacho, Gastón Rodríguez, sobre el uso de los ya mencionados perdigones.

Tan importante como eso, sin embargo, será la seriedad con la que la fiscalía acometa la tarea que tiene por delante. Por un lado, debe permanecer ajena a la presión política que podría inducirla a conseguir determinado tipo de resultados para estar en consonancia con lo que una parte de los indignados con lo sucedido parece haber resuelto a priori. Y por otro, imprimirle a su trabajo una velocidad que no es precisamente la que ha caracterizado de un tiempo a esta parte sus investigaciones. ¿Tiene la opinión pública, por ejemplo, noticias recientes sobre la que el propio Ministerio Público conduce a propósito de la tragedia de la discoteca de Los Olivos, acaecida hace ya casi tres meses? No. Y ese no puede ser el caso con el drama que nos ocupa.

Si las heridas que produjeron los eventos de la última semana han de restañarse y la paz ha de volver a regir nuestra convivencia, la investigación en la que está empeñada la fiscalía debe cumplirse sin precipitación, pero rápido.