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Editorial El Comercio

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No hay una obra más emblemática de los problemas que surgen con el Estado empresario que el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) a cargo de Petro-Perú, la petrolera estatal. Con US$5.600 millones y contando, es la inversión productiva más grande de la historia del sector público, y a la vez quizá la que más valor ha destruido.

El proyecto nació con problemas estructurales, pero aun así se siguió empujando hasta las últimas consecuencias. En un revelador libro publicado hace pocos días, el expresidente de Petro-Perú Carlos Paredes escribe: “Si los criterios básicos de finanzas, en particular de evaluación de proyectos, indicaban en el 2014 que no se acometiese el proyecto, ¿por qué lo hicimos? Tal vez porque nadie tuvo acceso al modelo económico o se dio el trabajo de analizarlo en detalle; pero, probablemente, porque nadie en Petro-Perú consideró que era indispensable actuar con transparencia. El objetivo de la cofradía [término que usa el autor para referirse a un grupo de trabajadores de Petro-Perú] era contar con una nueva refinería, con tecnología de punta de reconocimiento global. El costo y la creación o destrucción de valor era otra cosa, algo ajeno a ella”.

Por sí sola, esta afirmación justifica una investigación del proceso de toma de decisiones a todo nivel. Desde los estudios de Foster Wheeler del 2001, pasando por el estudio de factibilidad del 2008 de Arthur D. Little a nivel de ingeniería conceptual, hasta las últimas negociaciones con las principales empresas contratistas –Técnicas Reunidas y el consorcio Cobra SCL–, la cadena de errores, omisiones y negligencias es colosal.

Las responsabilidades pueden ser significativas. La semana pasada, el contralor general Nelson Shack anunció que iniciará un proceso para determinar las causas del aumento de la inversión. “La nueva refinería es casi 25 veces más grande que la que existía antes. La anterior tenía tres unidades de procesamiento y ahora hay 16. Esto va a merecer una investigación exhaustiva no solo desde la perspectiva de una auditoría de cumplimiento, sino también de desempeño que permita analizar la justificación de esta inversión”, mencionó el contralor.

La importancia de una adecuada investigación a la toma de decisiones alrededor del PMRT no acaba con la refinería. Precisamente por lo emblemático del proyecto, por sus demoras, y por el nivel de recursos comprometidos –en buena parte dilapidados–, la identificación de los vicios del PMRT debe guiar la actuación del Estado en otras inversiones de envergadura. La línea 2 del metro de Lima, el gasoducto del sur y en general obras que superan cómodamente el umbral de los US$1.000 millones deben ser miradas con extremo cuidado.

Lo que resulta particularmente dramático de este caso es que el PMRT no se trataba, para empezar, de un proyecto de inversión pública destinado a cerrar brechas de transporte, educación, seguridad, justicia, ni alguno de los principios que rigen la actividad del Estado moderno. Fue, más bien, un coletazo anacrónico de aquel Estado empresario de décadas pasadas, impulsado por el gobierno de Ollanta Humala, cuya superstición nacionalista pesó más que la sensatez y la prudencia. Se trató, pues, de una apuesta arriesgada, costosísima y mal concebida que no se frenó a tiempo por circunstancias hasta ahora no del todo claras. Le tocará a la contraloría esclarecerlas y eventualmente identificar responsables. Hacia adelante, las lecciones que deja el PMRT no pueden pasar por agua tibia: otros proyectos de inversión pública multimillonarios y con serios cuestionamientos y demoras están aún vigentes y quizá a tiempo de mejorarse o repensarse.

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