Editorial: La vieja confiable

El arsenal político de propuestas para la tribuna -de esas de las que se echa mano para intentar ganar algunos puntos de popularidad a pesar de su ineficacia- no es escaso: castigos severísimos para delincuentes, mayores aranceles contra los productos importados, protecciones laborales que imposibilitan el despido, etc. En esta lista se cuenta, sin duda, el aumento de la remuneración mínima vital (RMV) o salario mínimo.

Como se sabe, la semana pasada el presidente Kuczynski, a través de su cuenta de Twitter, dispuso que el ministro de Trabajo, Javier Barreda, “convoque de inmediato al Consejo Nacional de Trabajo, para evaluar la RMV”, lo que a todas luces es una indicación desde la cabeza del Ejecutivo para aumentar el salario mínimo -actualmente en S/850 mensuales-. El Consejo Nacional de Trabajo (CNT) puede alcanzar comentarios y recomendaciones, pero es en última instancia el gobierno quien toma la decisión sobre el nivel de la RMV.

La propuesta del incremento es decepcionante en un gobierno que prometió seriedad y manejo prolijo en política económica. En primer lugar, el alcance directo de la RMV es sumamente limitado. Los trabajadores formales en el Perú son menos de un tercio de la PEA y su sueldo, por lo general, es bastante mayor que el actual salario mínimo. En promedio, los trabajadores formales ganan S/2,415 al mes. De hecho, los trabajadores formales que generan igual o menos que la RMV -a quienes el aumento sugerido por el presidente podría beneficiar- son apenas el 2.8% de la PEA.

Eso no significa que el eventual incremento de la RMV no tenga consecuencias. Al encarecer de manera forzada el salario del sector formal se incentiva la informalidad. Hoy, el salario promedio del trabajador informal es S/976, y más de un tercio de los trabajadores informales producen igual o menos que la actual RMV. ¿Cómo justificaría una empresa contratar a un trabajador cuya productividad es menor que el sueldo artificialmente alto que le debe pagar? En este contexto, los estudios empíricos apuntan a que incrementos en el salario mínimo perjudican principalmente a la población más vulnerable y con menos experiencia laboral (sobre todo mujeres y jóvenes), a quienes se les dificultaría conseguir y mantener un trabajo formal.

“La discusión tiene que ser técnica”, dijo el ministro Barreda respecto a la nueva tarea encomendada al CNT. Desconocemos cuál será la metodología empleada por el consejo, pero llama la atención la presunción de que se pueda determinar “técnicamente” el valor del trabajo. Si el Estado por lo general no debe ni puede establecer el precio de los bienes y servicios en una economía, ¿por qué suponer que para aumentos en la RMV debería ser distinto?

El presidente -un economista de trayectoria destacada- y su equipo seguramente no ignoran estos argumentos y estos números. Pero la propuesta se hace aún más controversial en vista del momento elegido para plantearla. El año pasado la inflación alcanzó apenas 1.4%, el crecimiento económico fue decepcionante, y la informalidad laboral aumentó 5.7% en el área urbana, según las últimas cifras del INEI. La coyuntura económica no puede ser, pues, más inadecuada.

La única conclusión posible es que el abrupto tweet del presidente responde a una creciente necesidad por fortalecer su nivel de aprobación popular, hoy en su punto mínimo. Más allá de su poca pertinencia y consecuencias negativas, la propuesta de incremento del salario mínimo del mandatario trasmite la imagen de un gobierno débil que busca congraciarse con un sector de la ciudadanía a través de una iniciativa popular pero ineficaz, de una herramienta manida, en suma, de una vieja confiable.