Editorial: De Arequipa a Moquegua

El manejo de la conflictividad social no ha sido fácil para ningún gobierno de las últimas décadas. Desde el ‘arequipazo’ durante el mandato de Alejandro Toledo hasta las protestas por el proyecto minero Conga mientras Ollanta Humala ocupaba Palacio de Gobierno, pasando por el ‘baguazo’ en la administración de Alan García, la historia de convulsión social del país es extensa y compleja.

Esa dinámica recurrente, sin embargo, no aminora la responsabilidad individual de los equipos de gobierno que han gestionado pobremente los sucesivos conflictos. Los errores repetidos y la similitud que guardan diversos enfrentamientos y revueltas en el interior del país sugieren que las lecciones aprendidas hasta la fecha son pocas.

La administración del presidente Martín Vizcarra, de hecho, corre el riesgo de tropezar dos veces con esta misma piedra en un corto período de tiempo a causa de un contexto que ella misma ha contribuido, diligentemente, a labrar. Luego de conseguir la suspensión de licencia de construcción del proyecto Tía María, en Arequipa, las movilizaciones contrarias a la minería apuntan hoy a un proyecto casi cuatro veces más grande ubicado en Moquegua: Quellaveco.

Como se sabe, el lunes empezó el paro indefinido en la región. Si bien por el momento las actividades se realizan con normalidad en la ciudad de Moquegua, el libreto es harto conocido. Con un Estado que no parece dispuesto a defender las inversiones que él mismo aprobó y que necesita para mantener la economía a flote, los antimineros ganan tiempo y espacio para fortalecer su posición y para obligar al Estado de derecho a retroceder.

Decir que se le fuerza al Estado a retroceder, en realidad, podría ser inexacto en vista de que su máxima autoridad tampoco parece convencida de la necesidad de avanzar. Los audios divulgados de conversaciones del 24 de julio entre el presidente Vizcarra y líderes regionales sugieren la voluntad del mandatario de revocar la licencia de construcción de Tía María, acto para el que necesitaba apenas tiempo y un revestimiento legal suficiente. “Lo que hay que hacer es revertirlo (la licencia), y revertirlo también administrativamente. ¿Con qué? Con la medida que presenta el gobernador”, se escucha al presidente decir en el último audio revelado.

Así, en los últimos días han surgido cuestionamientos válidos sobre la importancia que le da el presidente a las inversiones mineras y, sobre todo, al respeto por la institucionalidad que, se supone, debe él mismo encabezar. El nuevo frente que se abre con las protestas en Quellaveco es una oportunidad para el gobierno de volver a ganar algo de la confianza que ha perdido con el decepcionante manejo que tuvo en Tía María.

Parece absurdo tener que recordar que el Estado no tiene sino un solo curso de acción en todos estos trances: hacer respetar sus procesos y la ley. Existe espacio, por supuesto, para el diálogo y la búsqueda de consensos, pero todo ello enmarcado dentro del ordenamiento legal que impera. Salirse de esta ruta le costará al Perú enormemente en términos de las inversiones mineras ya comprometidas, de las inversiones que podrían haber entrado pero dudarán en hacerlo ante este escenario, y de los procesos de arbitraje internacional a los que el país quedaría expuesto por incumplir con sus propias garantías.

Así las cosas, es el momento para que el presidente Vizcarra aclare, de una vez por todas, su posición con respecto al rol que debe tener la minería en el país, con la misma contundencia y transparencia que ha tenido con otros temas, como la lucha anticorrupción. A fin de cuentas, esto no es pedir más que lo que al gobierno le corresponde hacer.
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