El papa Francisco reconoció en un documental presentado este miércoles en Roma que las parejas homosexuales deben ser protegidas por leyes civiles. (AFP).
El papa Francisco reconoció en un documental presentado este miércoles en Roma que las parejas homosexuales deben ser protegidas por leyes civiles. (AFP).
Editorial El Comercio

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Esta semana, a propósito del estreno del documental “Francesco”, del cineasta Evgeny Afineevsky, medios de comunicación de todo el mundo han informado sobre las frases del a favor de la unión civil entre personas del mismo sexo, una posición que ya había expresado cuando era arzobispo de Buenos Aires. “Las personas homosexuales tienen derecho a estar dentro de una familia, son hijos de Dios”, ha dicho, para añadir que “lo que tenemos que hacer es una ley de”.

En más de una ocasión la cabeza de la Iglesia Católica ha tenido actitudes que se riñen con la defensa de las libertades individuales –como su mutismo o indulgencia ante las tiranías cubana, venezolana y nicaragüense–, por lo que esta postura sobre una materia tan espinosa, pero al mismo tiempo tan importante, supone una bocanada de aire fresco. En el pasado, ningún Papa se había pronunciado de forma tan meridiana a favor de los derechos de las personas LGTBI; que este lo haya hecho es evidencia de que desde esta institución hay algunos decididos a tomar en cuenta la realidad de nuestros tiempos.

Pero más allá de los vientos de cambio que las palabras del Papa puedan traer a la doctrina que representa, la situación también debería motivar reflexiones en nuestro país, donde la unión civil entre personas del mismo sexo todavía luce como una quimera. Y es que es innegable que el factor religioso ha tenido un papel importante en que medidas de esta naturaleza no hayan prosperado en el Perú. Así, el viraje registrado en el Vaticano debería merecer, por lo menos, que se reabra la discusión.

Para empezar, el Estado nunca debería ser óbice para lo que las personas decidan hacer con sus vidas cuando ello no afecte los derechos de los demás. Que dos adultos elijan consolidar su vínculo por medio de un acuerdo legal que les permita compartir su patrimonio y tomar decisiones conjuntas no concierne a nadie más que a los individuos en cuestión. Asimismo, que los participantes sean dos hombres o dos mujeres no debería ser sustento para objeciones, especialmente cuando estas se basan en escrúpulos subjetivos que, aunque muchos los compartan, no son los de todos.

Esto último se hace especialmente relevante si se toma en cuenta que, independientemente de las reticencias expresadas en nuestra legislación, las parejas homosexuales existen y siempre existirán. Que se les limite el acceso a figuras como la unión civil solo les genera problemas y vulnerabilidades que las heterosexuales no tienen. La ausencia de reconocimiento legal los margina en escenarios tan fundamentales como el derecho a heredar patrimonio, a tomar decisiones médicas por el otro si este está incapacitado o a llevar a cabo visitas conyugales si uno se encuentra preso.

Sin embargo, como es conocido, en nuestro país las para implementar la unión civil no han tenido éxito en el Congreso. En el 2015, el proyecto presentado por el entonces parlamentario Carlos Bruce fue desestimado por mayoría en la Comisión de Justicia. Al año siguiente, una nueva iniciativa fue planteada por Bruce y el legislador Alberto de Belaunde, empero, esta sigue esperando ser discutida en el aludido grupo de trabajo.

Mención aparte merece el proceso de Óscar Ugarteche, quien, tras casarse con su pareja en México en el 2011, todavía espera que el Estado Peruano reconozca su unión. El caso ha llegado hasta el Tribunal Constitucional y aún se aguarda una decisión.

Ante todo lo anterior, es evidente que el país debe discutir con seriedad la unión civil entre personas homosexuales. El hecho de que la cabeza de la Iglesia Católica se haya mostrado a favor es señal de que las instituciones pueden dar pasos importantes hacia la evolución. El Perú debería seguir ese ejemplo.