Editorial: Salvado mas no exculpado

Anoche, el Congreso de la República decidió no vacar al presidente Martín Vizcarra, luego de que una moción en ese sentido se aprobase el 11 de setiembre a propósito de una serie de audios hechos públicos por el parlamentario Edgar Alarcón.

Desde esta página hemos dicho en más de una oportunidad que la vacancia no era una medida sensata, especialmente en un contexto en el que deponer a un jefe del Estado solo hubiese atizado las crisis sanitaria y económica que enfrenta el país. La idea de que se dé un cambio de gobierno en medio de una pandemia hubiese sido imprudente, particularmente en base a indicios que bastan para iniciar una investigación al accionar del gobernante, pero no para emitir una sanción tan significativa como la que algunos congresistas pretendían.

Esta circunstancia, empero, no debe hacernos perder de vista que el mandatario no ha sido exculpado de alguna forma de los cuestionamientos que lo rodean. Para empezar, la presentación de Vizcarra y su abogado, Roberto Pereira, estuvo muy lejos de ser la que el país merecía. El presidente continuó rehusándole a la ciudadanía explicaciones claras sobre su vínculo con el señor Richard Cisneros y se enfocó en disputar la legitimidad de las grabaciones, mientras que la defensa de Pereira se basó en discutir la pertinencia de la herramienta constitucional empleada por el Congreso para responder a las transgresiones que se le imputan al presidente. En suma, el argumento fue que el mandatario merecía ser investigado, pero que esa tarea no le correspondía a la representación nacional.

Que el jefe del Estado acudiese al hemiciclo fue, sencillamente, lo que le correspondía por el compromiso que tiene ante la ciudadanía y las formas democráticas. Pero lo cierto es que se perdió una importante oportunidad para conjurar las sombras que envuelven su gestión y con ella se escamoteó una responsabilidad pendiente de su administración, que incluye aclarar las dudas sobre la contratación de personas cercanas a él y a sus exfuncionarias en el sector público. Que haya elegido evadir el fondo del asunto mantiene intactas las preguntas que han puesto en aprietos al Ejecutivo y es difícil imaginar que estas no vuelvan a generar una nueva crisis en los próximos meses.

Por otro lado, que el Poder Legislativo no haya vacado al mandatario tampoco libra a esta institución de todo lo ocurrido en la última semana. Que un proceso de esta naturaleza se haya tramitado de manera tan apresurada y que algunos representantes, como el titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama, incluso llegaran a tratar de acercarse a las Fuerzas Armadas, dejó claro que buena parte de los intereses que guiaron esta medida eran más políticos que justicieros.

El debate, por su parte, fue una combinación de calificativos y digresiones inexplicables. Resaltan, por ejemplo, la alusión de un congresista de Unión por el Perú a que el presidente debería ser condenado a pena de muerte y la insistencia de múltiples legisladores con tópicos y medidas que poco tenían que ver con la moción que los convocaba, como lo relativo a la norma que aprueba el retiro de los fondos de la ONP, que el Gobierno cumplió con observar.

Así las cosas, si algo ha quedado claro de toda esta crisis es que nuestras autoridades están harto alejadas de los apremios del país. El hecho de que, durante esta emergencia sanitaria, el Gobierno haya ejecutado gastos y tenido encuentros que no se preocupa por explicar, y que el Congreso haya ensayado un proceso político que amenazó con agravar todo, expresa nítidamente que los problemas que nos afligen son asuntos secundarios en sus agendas.