(Fotos: Congreso).
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Editorial El Comercio

El jueves, dos iniciativas para vacar al presidente por incapacidad moral permanente fueron anunciadas en el Congreso. De un lado, la bancada del , retomando el impulso a un documento del 11 de enero en el que proponía la remoción del mandatario a partir de consideraciones relacionadas con la concesión del indulto a , presentó un nuevo pedido, esta vez basado en la aparición de supuestos hechos hasta hace poco desconocidos sobre la vinculación del actual jefe de Estado con la empresa . , por su parte, hizo lo propio partiendo de esto último.

El señor Kuczynski “realizó un conjunto de actos reñidos con la moral, que evidencian [...] un grave conflicto de intereses que favorecieron tanto a él como a una corrupta empresa privada”, sostiene la moción del FA. Se menciona aquí un supuesto pago de US$1 millón de Odebrecht a Westfield y las visitas de Jorge Barata a Kuczynski cuando era ministro. También un registro del Banco de Crédito sobre la participación, en esa misma época, de Westfield y Odebrecht en estructuraciones financieras.

La moción de NP se basa en similares hechos. Menciona, por ejemplo, la participación directa del presidente a través de Westfield en la asesoría financiera y colocación de bonos de Transportadora de Gas del Perú (TGP) para financiar el proyecto Camisea, “que evidencia el conocimiento de los negocios de Westfield”, “el remplazo de First Capital en los negocios suscritos por Westfield en TGP y Trasvase Olmos, que difumina la distinción entre ambas empresas” y “la identificación de First Capital como empresa vinculada a Latin American Enterprise Fund (LAEF), empresa matriz” de Kuczynski.

Queda por discernir si lo anotado por las bancadas respecto a la relación de PPK con Odebrecht cambia sustancialmente lo que ya se sabía cuando, en diciembre, NP decidió retirarse del hemiciclo a la hora de votar la anterior moción de . Pero mientras esa discusión tiene lugar, se pueden adelantar algunas observaciones sobre lo que sugiere la presentación de las nuevas iniciativas.

La primera se refiere a que ambas bancadas hayan hecho pública en la misma fecha sus más recientes intenciones de vacancia. Lo que para algunos puede ser una coincidencia, para otros es señal de una carrera en la que está en juego la primacía de la radicalidad opositora en la izquierda. Una primacía que hoy –con un FA alicaído luego de perder la mitad de sus congresistas y un NP marcado por el preludio en el que devino su abstención en la votación de vacancia– está en duda.

A la última teoría abona la circunstancia de que el FA no haya tenido reparos en hacer del indulto –que antes había considerado una razón suficiente para solicitar la vacancia– casi un pie de página de su más reciente proyecto. Como si el poco eco que cosechó su anterior pedido borrase por sí mismo lo que antes consideraban un pecado mortal.

La idea se refuerza por el momento elegido para presentar estas mociones. El Congreso está en receso y el tema no podría ser debatido hasta marzo; salvo que se convocara a un período extraordinario de sesiones (se requieren dos plenos como mínimo para debatir y votar la vacancia). Pero eso requeriría un pedido con 78 firmas, difíciles de conseguir en estas fechas.

Quizás, sin embargo, lo más resaltante sea que ni el FA ni NP hayan aguantado unas cuantas semanas más antes de aventurarse en su proyecto, pues se espera que a fines de febrero declare Barata ante los fiscales peruanos y eso sí que podría aportar nuevos elementos a la situación del presidente, cambiando drásticamente el escenario y abriendo las puertas para un pedido más sólido.

Lo que no parece más que una carrera irresponsable por liderar la vacancia, y como tal requeriría ser descartada al menos temporalmente y hasta que la información sea más clara, ha sido sin embargo bien recibido por Fuerza Popular (FP). Diversos voceros de esa bancada han asegurado que apoyarán una moción motivada por señalamientos de corrupción. Como para no dejar dudas, el congresista (FP) declaró a este Diario, ante la pregunta de si la decisión de su grupo ya estaba hecha: “La tomamos desde que vimos el tema de la vacancia en diciembre. [...] En los últimos días han salido documentos que evidenciarían que mientras [Kuczynski] fue ministro, cobraba a través de su empresa Westfield a Odebrecht por consultorías [...] vamos a revisar ese borrador de moción [de Nuevo Perú] y a partir de allí tomaremos una decisión definitiva”.

Así las cosas, las mociones apresuradas del FA y NP lucen como los irresponsables motores de una discusión de vacancia en la que solo importa quién gane la carrera.