Editorial: Jaque y matanza

Hace más de medio año empezó a circular a nivel internacional la noticia de que un policía venezolano, junto con un pequeño grupo de personas, había decidido levantarse contra el gobierno absolutista de Nicolás Maduro, robando un helicóptero y sobrevolando la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un pedido de libertad para el pueblo llanero. Entonces, difícilmente alguien hubiera pensado que dicha insurgencia pondría en jaque al chavismo.

El desenlace del último lunes, no obstante, confirma que no hace falta arrinconar a una dictadura para que esta responda con ferocidad. Ese día, las autoridades oficialistas confirmaron el abatimiento de Óscar Pérez, ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y miembro de la Brigada de Acciones Especiales, junto con otras seis personas, por parte de las fuerzas del orden, en una operación en la que habrían participado más de 500 agentes. La ofensiva militar chavista incluyó granadas y el disparo de lanzacohetes al edificio donde se refugiaban Pérez y sus compañeros, según han mostrado algunos videos registrados por los vecinos.

Y aunque –conociendo las formas del chavismo– era poco probable augurar un resultado pacífico, los indicios apuntan a que la muerte de Pérez no fue producto del enfrentamiento armado, sino más bien de una ejecución extrajudicial. Así ha sido calificada por diversos políticos de oposición, por la ex fiscal general defenestrada por denunciar las tropelías del chavismo, Luisa Ortega, y hasta por representantes de organismos internacionales. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América Latina, ha advertido por ejemplo que el deceso de Pérez parecería ser el resultado de un “ajusticiamiento”.

Hasta el momento no se han entregado los cuerpos de los fallecidos a sus familiares. La viuda de Óscar Pérez ha clamado que este no sea cremado para que no se pierda posible evidencia de las circunstancias de su muerte. Lo anterior y los videos difundidos en redes sociales por Pérez antes de morir, en los que manifiesta su rendición y pide entregarse a los agentes que lo rodeaban, suman a las sospechas de una posible ejecución extrajudicial.

De confirmarse este delito, el caso de Pérez pasaría a engrosar el número de asesinatos cometidos por los gobiernos de Maduro y su predecesor, Hugo Chávez. Solo entre abril y julio del año pasado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos daba cuenta de 124 muertes ocurridas en las protestas (46 por las fuerzas de seguridad, 27 de colectivos chavistas armados y 51 casos en los que no se pudo determinar responsabilidad). Penosamente, además, la sangre derramada en Venezuela es solo una parte de la crisis humanitaria y económica que se vive en ese país y que va restando años de vida digna a sus ciudadanos, víctimas del desabastecimiento de alimentos, medicinas, productos básicos de higiene y una inflación de aproximadamente 652% (al cierre del 2017, según cálculos del FMI).

Los atropellos también se han extendido a ámbitos como la prensa, el ejercicio de derechos políticos y la separación de poderes. De acuerdo con la ONG Espacio Público, en los primeros nueve meses del 2017, en Venezuela se registraron 887 casos de violación al derecho de la libre expresión, salieron del aire ocho canales de televisión y 49 emisoras radiales, y se paralizó la circulación de 17 periódicos por falta de papel. En el ámbito político, al dictatorial impedimento del proceso revocatorio le sucedieron tres elecciones (gobernaciones regionales, alcaldías y Asamblea Nacional Constituyente) con sospechas de fraude. Esta última, además, se llevó a cabo para reemplazar al Legislativo controlado por la oposición, que había resistido los embates autogolpistas del chavista Tribunal Supremo de Justicia.

Es este el contexto en el que este año se deberán llevar a cabo nuevas elecciones presidenciales en Venezuela. Quizás sea mucho pedir, pero esperemos que no medien fraudes y que la oposición logre capitalizar la amplia desaprobación ciudadana de Maduro.