El ministro de Justicia Vicente Zeballos participa en una sesión de la Comisión de Constitución del Congreso, el pasado 1 de julio del 2019. (Foto: Congreso).
El ministro de Justicia Vicente Zeballos participa en una sesión de la Comisión de Constitución del Congreso, el pasado 1 de julio del 2019. (Foto: Congreso).
Editorial El Comercio

El interpeló ayer al ministro de Justicia, , por la irregular excarcelación del sicario Rubén Moreno Oliva, alias , ocurrida meses atrás. Como se recuerda, el hecho provocó el cese del Consejo Nacional Penitenciario, con el jefe del INPE, Carlos Romero Rivera, incluido: una tácita admisión de responsabilidad de parte del sector.

Pero a la responsabilidad administrativa le va aparejada siempre una responsabilidad política, y es esa la dimensión del problema que, en principio, interesaba ayer a la representación nacional.

No se puede ignorar, desde luego, que Zeballos ha sido uno de los voceros más pugnaces del gobierno en todos los terrenos en los que este ha entrado en conflicto con la mayoría parlamentaria –la reforma del sistema de justicia, la política y la iniciativa de adelanto electoral– y, en ese sentido, la interpelación tenía también un aspecto de ajuste de cuentas. O, si se quiere, de exhibición de músculo antes de la batalla que entrará en su fase crítica a partir del diálogo de hoy entre el presidente y el titular del Congreso.

La complacencia que eventualmente podía existir en algunas bancadas por someter al ministro a un trance difícil no era, sin embargo, razón para eximirlo de la obligación de responder al pliego. Tampoco la ‘extemporaneidad’ de la convocatoria que algunos alegaron. Recuérdese, si no, el tiempo que, a raíz del fenómeno de El Niño costero, debió demorar la interpelación por el Caso Chinchero al actual jefe del Estado cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones, sin que a nadie se le ocurriese que por esa razón los motivos del pedido de explicaciones hubieran prescrito o cosa por el estilo.

Igualmente deleznable, por último, era la pretensión de que, en la medida en que Moreno Oliva había sido recapturado, la necesidad de la interpelación ya no existía.

Con prescindencia de las reverberaciones políticas que recogía de otros asuntos, el ejercicio de fiscalización parlamentaria de ayer estaba sencillamente justificado.

Nota del editor: En una versión anterior del texto se consignaba, por error, el nombre de Carlos Romero Rivera en el penúltimo párrafo. Esto se cambió con posterioridad a la publicación impresa.