Editorial: Cuidar no es vigilar

La Mesa Directiva del Congreso que preside Luis Galarreta está por culminar sus funciones, pero no ha resuelto todos los asuntos que tenía pendientes. Uno de los más serios, el problema detectado en la seguridad del Congreso a partir de un reportaje del programa “Cuarto poder”.

Como se recuerda, el referido espacio periodístico dio a conocer, hace casi un mes, que el actual jefe de la oficina de Prevención y Seguridad del Congreso es el coronel del Ejército en retiro y ex edecán de Alberto Fujimori, Walter Jibaja Alcalde, quien ingresó a trabajar en julio del 2016 y tiene a su cargo a 174 agentes de seguridad, entre los que se cuentan simpatizantes de Fuerza Popular (FP). Según el reportaje, fuera del trabajo, Jibaja es el responsable de la autodenominada Escuela de Comandos Fujimoristas, que busca formar cuadros con una versión partidaria de lo ocurrido durante la década del noventa.

Una semana antes, otro reportaje del mismo programa había advertido sobre una suspensión del estatuto del servicio parlamentario que permitió que un grupo de trabajadores que entró a laborar desde julio del 2016 pasara a la condición de ‘personal estable’ sin haber cumplido el requisito de desempeñarse antes por cinco años como personal sin contrato a plazo indefinido. En ese grupo se contaban varios aportantes a la campaña de Fuerza Popular y hasta un miembro de su Comité Ejecutivo Nacional.

La suspicacia que este primer informe despertó en torno a la posibilidad de que la Mesa Directiva estuviese disponiendo sobre las contrataciones de personal del Congreso como si fuesen una extensión de su poder y beneficiando, en consecuencia, a quienes son adeptos a su posición política, se vio lógicamente alimentada por el segundo.

Pero las noticias preocupantes no se detuvieron ahí. Se supo también que, en su cuenta de Twitter, Jibaja había escrito –y luego borrado– mensajes hostiles hacia periodistas críticos con el fujimorismo y congresistas de bancadas distintas a la naranja, así como que su segundo al mando, Manuel Llona (otro coronel retirado que, durante los noventa, trabajó en el Servicio de Inteligencia Nacional), había fotografiado en las puertas del Parlamento a la periodista Anuska Buenaluque mientras entrevistaba al legislador oficialista Gilbert Violeta, en un evidente intento de intimidación.

Los agravios a los hombres de prensa motivaron, el 12 de junio, una nota editorial de los periodistas de este Diario expresando su solidaridad con los colegas aludidos por Jibaja e invocando a la Mesa Directiva a apartarlo de su cargo. De parte del jefe de Seguridad, en cambio, la fotografía entrometida solo generó unas desconcertantes disculpas. “Fue un acto desafortunado”, dijo Jibaja en una presentación ante los medios. Pero no aclaró bajo qué criterio o instrucción había procedido Llona, dejando en el aire la sugerencia de que esa labor, de vigilancia antes que de protección, formaba parte de las obligaciones habituales de la oficina a su cargo, solo que sin que se cometiera la torpeza de hacerlo evidente.

Lo sucedido produjo indignación dentro y fuera del Legislativo y aunque se demandó desde varios sectores licenciar al responsable de tales actividades, el titular de ese poder del Estado prefirió tomarse las cosas con calma. En entrevista concedida a este Diario a fines del mes pasado, Galarreta respondió con indolencia a la pregunta sobre si la existencia de un jefe de seguridad que generaba malestar entre los congresistas no constituía un problema.

“Es subjetivo y es válida la subjetividad de congresistas de oposición (sic)”, señaló. Para luego añadir: “Hemos quedado en que la Mesa [Directiva], que se completará cuando regrese Mauricio Mulder, ha pedido un informe sobre las objeciones [a la permanencia de Jibaja en el cargo]”.

Pues bien, el congresista Mulder se encuentra ya desde hace algún tiempo en Lima y aún no se conoce la posición de la mesa al respecto. Si en opinión de sus integrantes lo que corresponde es la remoción, ya solo les quedan un par de semanas para proceder con ella. Y si en lugar de ello la confusión entre cuidar y vigilar no representa a su juicio un inconveniente para el funcionamiento del Congreso en una democracia, es fundamental que la ciudadanía lo sepa.