Ricardo Uceda

“Es el principio del fin”, afirmó el exministro del Interior Mariano González luego de acusar a de estar comprometido con la corrupción. Quiso decir que los hechos vinculados a su despido precipitarían la caída del presidente. En efecto, las reacciones en cadena que sobrevinieron, por ejemplo, de organizaciones sociales que permanecían expectantes demuestran que hay un clima distinto. Hasta ayer, sin embargo, no se habían pronunciado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ni la Comisión Episcopal de Acción Social ni la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas, que se comprometieron a “garantizar”, con su activismo, el cumplimiento de la Proclama Ciudadana que ante ellas juró cumplir Pedro Castillo si ganaba las elecciones. El cardenal católico Pedro Barreto fue vocero del grupo. Una de las promesas desatendidas merece citarse: “Proteger la lucha contra la corrupción, y no interferir la labor de investigación que realizan los organismos especializados tales como fiscalías, policía, procuradurías y contraloría”. Muchos creyeron en este compromiso.

Existe la percepción de que el es insostenible, mas aparecen ideas distintas para salir de la crisis. La izquierda que fue desalojada del gobierno, a la que analistas conspicuos consideraban democrática, está exigiendo el cierre del Congreso y la convocatoria a asamblea constituyente, al tiempo que acusa de golpistas a quienes buscan la vacancia por vía constitucional. Es la de Nuevo Perú, de Verónika Mendoza. Otro sector, liderado por Francisco Sagasti, en concordancia con ONG cívicas, pide adelanto de elecciones generales junto con reformas políticas ratificadas por referéndum. Esta opción maratónica, que apunta a resolver problemas de fondo, implicaría tolerar a Pedro Castillo un año más, o a la vicepresidenta Dina Boluarte, que calienta cuerpo al costado de la cancha. Una tercera posición es la que promueve el cese de Castillo mediante vacancia o acusación constitucional, sin amarrar el despido –necesariamente– a un adelanto de elecciones generales. Entre sus patrocinadores hay quienes apoyarían nuevas elecciones con reformas y quienes están interesados solamente en la vacancia, como congresistas que desean terminar su mandato. Es posible que las salidas 2 y 3 se encuentren en algún momento.

En el Congreso, la vacancia no prospera porque a las bancadas oficialistas, movidas por un interés principalmente ideológico, se añaden parlamentarios comprados por el gobierno, como ‘Los Niños’, de Acción Popular. En la sociedad civil aún no existe un ánimo predominante. El sector que plantea reformas como condición previa tiene un argumento consistente: votar con el mismo sistema traería peores gobernantes y congresistas. El que propone una vacancia cuanto antes tiene apoyo en las evidencias de que existe una organización criminal gobernando, a la cual hay que sacar de inmediato. Habrá una pugna, pero el hecho de que los dos lados lleven razón es la base para un acuerdo político, dentro o fuera del Congreso. Hay intereses particulares en ambas partes y nadie tiene que caerse patas arriba por ello: cada una quiere quedar mejor parada políticamente cuando el barco se hunda.

El desenlace puede producirse por insumos que proporcione la propia corrupción gubernamental. Por hechos que surjan en la investigación. El comienzo del fin del gobierno de Castillo no fue la renuncia del ministro González, como este sugiere, sino la decisión del exfiscal de la Nación Pablo Sánchez de investigarlo preliminarmente como supuesto líder de una organización criminal que se benefició de obras públicas. De inmediato el presidente pasó a proteger descaradamente a los imputados, produciendo más evidencias en su contra. La sucesora de Sánchez, Patricia Benavides, abrió dos investigaciones más, una por intervención ilícita en los ascensos policiales y militares –que había suspendido su antecesora Zoraida Ávalos– y otra por encubrimiento personal. Este último proceso debiera demostrar que Castillo es directamente responsable de sustraer de la justicia al exministro Juan Silva, al ex secretario presidencial Bruno Pacheco y a su sobrino Fray Vásquez.

El caso, abierto precisamente por las declaraciones de González, tiene base en cinco objeciones que Castillo le hizo al exministro: la remoción de un oficial de su confianza en la Dirección de General de Inteligencia, su crítica a los ronderos que secuestraron a periodistas, su asistencia al Congreso para declarar sobre Zamir Villaverde, su negativa a nombrar viceministro al palaciego Beder Camacho y la organización de un grupo de apoyo al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder del Ministerio Público. Lo esencial es que la destitución de González se explicaría por la necesidad de bloquear al grupo que nombró. Pese a la colaboración del exministro, no es una investigación fácil, pues precisamente va a chocar con la red de protección a los prófugos que opera en la Dirección Nacional de Inteligencia y el Ministerio del Interior. Al frente de los cuales está el poder presidencial.

El abogado César Azabache ha sugerido que el Ministerio Público pida al Poder Judicial la suspensión del presidente como una medida imprescindible para continuar con sus investigaciones. La fiscalía tendría suficientes elementos para argüir la obstrucción, pero el código aplicable no permite suspender a funcionarios electos por voto popular. Azabache replica que esa restricción no fue pensaba como parte del bloque de protecciones al presidente, y que pierde solidez cuando una autoridad ayuda a prófugos de la justicia. De todos modos, nunca un juez ha tomado una decisión de esa naturaleza, y es seguro que, si se plantea, habrá una discusión jurídica con argumentos de peso para ambos lados.

La encrucijada se presenta por la imposibilidad momentánea de que, por falta de votos, el Congreso destituya a Castillo por incapacidad moral. La vía de la acusación constitucional, que requiere una mayoría simple, está limitada porque el artículo 117 de la Carta Magna solo permite aplicarla al presidente en casos de traición a la patria y atropello contra el Congreso y el sistema electoral. El exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez afirma que sí procede para infracciones a la Constitución (de la cual es “violador serial”, sostiene), pues el 117 debe ser interpretado en concordancia con los demás principios. Sin embargo, la discusión subsiste. Al punto que el abogado Roberto Pereira, quien defendió a Martín Vizcarra cuando enfrentó su primer pedido de vacancia, propone una salida distinta si la declaratoria de incapacidad moral no cuaja: admitir la existencia de un agujero constitucional que debe ser superado en beneficio de la subsistencia misma de los principios que sostienen el Estado de derecho.

El vacío se llama “laguna axiológica”. Se produce cuando la solución que prevé una norma (el artículo 117) atendiendo a las circunstancias especiales de un caso (delitos graves desde el poder, uso de la autoridad para impedir una investigación) contradice valores fundamentales de la sociedad. Es decir, permite una aberración. Se produjo en Estados Unidos en 1889, cuando Elmer Palmer asesinó a su abuelo para heredarlo, situación no prevista en las causales de desheredación vigentes. O sea que podía recibir la riqueza de su víctima. Un Tribunal de Apelaciones de Nueva York determinó, contra una inicial interpretación estricta, que nadie debía beneficiarse de su propio fraude. Estableció así un principio legal nuevo, que no estaba escrito. Una analogía es aplicable al artículo que limita las acusaciones al presidente. Según Pereira, con una argumentación muy depurada y prudente podría establecerse que un presidente no puede usar su poder para impedir ser investigado, porque ello atentaría contra los cimientos del orden constitucional. De momento se desconoce cuál será la estrategia que empleará Patricia Benavides cuando, la primera semana de agosto, culmine su primera investigación preliminar sobre el presunto liderazgo de una organización criminal por parte de Pedro Castillo.


Ricardo Uceda es periodista

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más