(Foto: El Comercio)
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Iván Alonso

En el debate sobre la extensión, modificación o eliminación de los beneficios de la Ley de Promoción del Sector Agrario hay, naturalmente, dos posiciones. Una de ellas sostiene que la ley ha demostrado su efectividad, como lo atestiguan, por ejemplo, el aumento del empleo y de los ingresos de los trabajadores del campo, y debe, por lo tanto, mantenerse vigente. La otra sostiene –o admite, más bien, a regañadientes– que la ley ha cumplido sus objetivos, pero que es hora de dejarla caducar para que esos mismos trabajadores gocen plenamente de los llamados beneficios sociales.

¿Ha sido realmente efectiva la ley de promoción agraria? A juzgar por sus efectos visibles, la respuesta es sí. La producción agrícola, por ejemplo, se ha más que duplicado en sus 21 años de vigencia. Pero, como decía el economista francés Frédéric Bastiat, de uno de cuyos ensayos hemos tomado prestado el título de este artículo, las leyes tienen no solamente efectos visibles. Hay otros que son invisibles para el común de las gentes, pero que el ojo entrenado del economista debería poder detectar.

La ley reduce no solamente los costos laborales, que son el centro de atención en el debate parlamentario, sino también el costo del capital invertido en el sector agrario, al fijarle una tasa de Impuesto a la Renta de 15%, que es prácticamente la mitad de la que se aplica a las demás actividades económicas. Esta diferenciación distorsiona las decisiones de inversión, que es parte de la explicación de que el sector agrario haya crecido más que otros.

Imagínese usted que tiene que escoger entre dos proyectos de inversión alternativos, uno en el sector agrario y otro en cualquier otro sector. La inversión, en ambos casos, es de 100 soles. El proyecto agrario rinde una ganancia de 18 soles antes de impuestos; el otro rinde 20. ¿Cuál contribuye más a la economía del país? Claramente, el segundo. ¿Cuál escoge usted? El primero. ¿Por qué? Si escoge el proyecto agrario, la ganancia que queda para su bolsillo se reduce de 18 a poco más de 15, una vez descontado el Impuesto a la Renta de 15% que se aplica en el agro. Si escoge el otro proyecto, la ganancia de 20 ciertamente es mayor, pero lo que queda para usted se reduce a tan solo 14 cuando se le quita el 29,5% de Impuesto a la Renta. En resumen, lo que es mejor para el país, no es lo mejor para usted; y viceversa, lo que es mejor para usted, no es lo mejor para el país.

Como usted, otros inversionistas optarán por el sector agrario, a pesar de haber proyectos más rentables en otros sectores. La diferencia en las tasas del Impuesto a la Renta favorece al sector agrario, que crece, en parte, a costa de otros sectores. Es uno de los efectos de la ley de promoción que no se ve.

De la misma manera, puede decirse que el empleo en el sector agrario crece a costa del empleo en otros sectores. Las diferencias en costos extrasalariales y, sobre todo, en la flexibilidad de contratación, debidas también a la ley de promoción, permiten mantener ocupados en el campo a algunos trabajadores que serían más productivos en otras actividades.

Este economista no es, por eso, partidario de los regímenes especiales. Siempre tienen efectos adversos e invisibles. Pero, dicho esto, preferiría que fuera el régimen general el que se acercara al que actualmente rige al sector agrario, y no al revés.