Cárceles doradas, por Iván Alonso

El jefe del gabinete, Pedro Cateriano, ha anunciado un decreto legislativo para dar en concesión al sector privado la construcción y administración de centros penitenciarios. La idea no es nueva, pero ya es hora de ponerla en práctica. Las concesiones han servido para ampliar la infraestructura y mejorar los servicios en todo orden de cosas: carreteras, transporte urbano, transmisión de energía, agua y desagüe, puertos y aeropuertos. Lo mismo hay que hacer con las cárceles, que en sus condiciones actuales exhiben las peores falencias y el trato más indigno que un Estado pueda dar a sus ciudadanos, por más que hayan faltado a la ley.

Es evidente que se necesitan más penales. En el año 2013 había 65 mil reclusos, entre procesados y sentenciados. La cifra excedía en más de 100% la capacidad total de las 67 cárceles que maneja el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), construidas para un poco más de 30 mil. Más de dos personas en el lugar que debería ocupar una sola.

La gran ventaja de concesionar los nuevos penales no es tanto que se puede recurrir al financiamiento privado, aunque eso también es importante, sino que se le puede exigir al concesionario el cumplimiento de estándares de seguridad, mantenimiento, alimentación y limpieza que el sector público es incapaz de exigirse a sí mismo. El concesionario privado cobra, digamos, una cantidad diaria por cada recluso que alberga; y si no cumple con los estándares acordados, no cobra o paga una penalidad.

Es posible, sin embargo, que el costo de mantener a un recluso en una cárcel concesionada sea mayor que el de mantenerlo en una estatal. No solamente mayor, sino mucho mayor, considerando los estándares que el concesionario tendría que cumplir.

Lo cual nos lleva a un dilema de política pública: ¿Debería utilizarse la partida presupuestal eventualmente asignada a una cárcel concesionada para dar un mejor trato a un grupo de presos que tenga la suerte de ser transferido allí o debería, más bien, utilizarse para construir más cárceles públicas y mejorar marginalmente la situación de todos los presos?

Hay una manera de escapar de este dilema: hacer que los propios presos elijan si quieren estar en una cárcel privada y que paguen ellos mismos su estadía. Lo que el gobierno ahorre en su manutención puede, entonces, destinarse a los demás penales.

La idea está firmemente asentada en la realidad. La gente paga para no sufrir las peores miserias de la reclusión o para evitarlas del todo, solo que la plata no va donde debería. Están, por un lado, los que se internan en una clínica fingiendo alguna dolencia, cosa que obviamente no es gratis. Y están los que sí van a la cárcel, pero que una vez adentro tienen la posibilidad de adquirir privilegios.

Mejor sería que una persona dispuesta a pagar por comodidades que hagan más llevadera su detención pueda obtenerlas abiertamente; más aun si deja de ser una carga para el erario público. Mientras sus movimientos y actividades estén limitados, la pena no es menos efectiva. No estamos hablando de “cárceles doradas” para los ricos; o, mejor dicho, no solamente: el mercado se segmentaría naturalmente, con establecimientos de distintas categorías y celdas de diversos tamaños, así como en un hotel se puede escoger entre una habitación con baño o sin baño, simple o deluxe, o también, ¿por qué no?, una suite.