Comprarse el pleito, por Enzo Defilippi

“La productividad no lo es todo, pero en el largo plazo, es casi todo”, dice Paul Krugman, premio Nobel de Economía, sobre el principal factor económico del cual depende la mejora del nivel de vida de las personas.

En el Perú, de acuerdo con Dani Rodrik, profesor de la universidad de Harvard, la productividad de la economía viene decreciendo desde el 2008, en contraposición a la de la mano de obra que sí viene aumentando debido a la movilización de trabajadores de actividades escasamente productivas (como las informales) a otras que lo son mucho más (como la agroindustria).

En ningún país la productividad crece sostenidamente en el vacío. Para ello, son necesarias políticas que la promuevan e instituciones de alta capacidad técnica que las propongan y defiendan. En nuestro país, las pocas instituciones estatales con esas características (el MEF, el BCRP, la SBS, el Indecopi y los reguladores) fueron creadas o fortalecidas por demanda, directa o indirecta, del sector privado. Por ello, me atrevo a afirmar que para contar con una institucionalidad que promueva permanentemente el aumento de la productividad, el sector privado tiene que comprarse el pleito. No hay otra. Los gobiernos pasan y las prioridades de política cambian, pero el sector privado siempre está allí. Y este es un tema en el que sus intereses y los del resto del país están bastante bien alineados.

Pero coordinar no es fácil. Uno de los mayores problemas que enfrenta el sector privado en sus conversaciones con cualquier gobierno es que en ambos se manejan visiones, conceptos y hasta idiomas diferentes. A los funcionarios les cuesta entender las prioridades y urgencias de los empresarios (problema que no se resuelve colocando ministros o viceministros afines, como muchos parecen creer) y muy pocos gerentes entienden algo de políticas públicas. La consecuencia es un descalce entre las políticas orientadas a aumentar la productividad y lo que realmente se necesita para que ello ocurra.

Algo que empeora este problema es el temor (fundado, lamentablemente) de los funcionarios a ser acusados de sabe Dios qué si acceden a las solicitudes del sector privado (por más razonables que sean). También, la pretensión de muchos empresarios de usar su influencia política para avanzar en sus intereses y resolver conflictos con sus contrapartes privadas.

Por estas razones, me parece muy positiva la creación del Consejo Privado de Competitividad, una iniciativa de IPAE y CAF. Creo que, así como sucede en Colombia, este podría ser el medio ideal por el cual el sector privado peruano participe, institucionalizada y transparentemente, en la formulación y seguimiento de una estrategia nacional de aumento de productividad. Su creación reduce la necesidad de usar canales “alternativos” para que sus puntos de vista sean tomados en cuenta, y ser una organización ad hoc le permite diferenciar más fácilmente sus objetivos y propuestas de las de los gremios (más orientadas a la defensa de los intereses de sus asociados).

La elección de Fernando Zavala para presidir este consejo parece adecuada considerando que él habla bastante bien tanto el idioma público como el privado (y aún conserva una considerable influencia en el Ejecutivo). El problema es que una parte crucial de la agenda de competitividad (la reforma laboral, por ejemplo) pasa por el Congreso y él allí es bastante menos influyente.

En cualquier caso, le deseo la mejor de las suertes.