Héctor Villalobos

La es el pretexto perfecto no solo para bloquear carreteras, sino también todo tipo de iniciativa legal que surja del . Perú Libre y sus bancadas satélites ya lo decidieron: no habrá constitucionales en lo que resta de la legislatura. Tal determinación quedó plasmada en el resultado de la votación del pleno del lunes 16, en el que, debido a las posiciones en contra de las bancadas de izquierda, no se pudo aprobar, sin necesidad de referéndum, la eliminación del voto de investidura para los gabinetes que recién asumen funciones.

Se puede discutir la pertinencia de dicho proyecto o la ocasión elegida para debatirlo. No se trata precisamente de la reforma constitucional más urgente o prioritaria de las que están en cola en el Congreso. Se puede cuestionar también si esa modificación era importante o no, o si debilitaba al Ejecutivo o fortalecía al Legislativo.

Sin embargo, lo que quedó muy claro durante la sesión es que a los antiguos aliados de Pedro Castillo no les interesa realizar reforma alguna a la actual Constitución, pues el objetivo final de ellos es eliminarla. Sin su respaldo, será imposible alcanzar los 87 votos que se requieren para aprobar cualquiera de los cambios que se propongan sin tener que pasar por un referéndum previo.

El principal argumento del castillismo parlamentario para no aprobar nada es que el actual Congreso ha perdido “legitimidad”. “No sé si tenemos plena legitimidad para estar tratando esto. Esto más bien va a perturbar los ánimos”, dijo el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz. Aprobar reformas constitucionales en este contexto sería (según estas interpretaciones) provocar más a la población que está protestando.

Asumiendo que esto fuera cierto, que este Congreso está deslegitimado y no debe aprobar ninguna reforma, ¿por qué Silvana Robles de Perú Libre presentó la semana pasada un proyecto para reformar el artículo 108 de la Constitución? ¿Por qué ese mismo grupo legislativo ha presentado un proyecto “que constitucionaliza la asamblea constituyente”? ¿Por qué la bancada de Bermejo, Betssy Chávez y compañía ingresó, el mismo lunes, un proyecto de reforma constitucional para modificar la distribución de escaños en el Congreso de la República? No deberían seguir presentando iniciativas para que sean debatidas por una representación “ilegítima”.

El motivo de fondo no es la ausencia o no de “legitimidad”. Es simplemente generar más caos y zozobra. Es dejar a un Congreso atado de manos, al que se le exigen cambios, pero imposibilitado de hacerlos. Más críticas contra el Parlamento. Mayor desaprobación. Más voces que piden su cierre. “Solo la asamblea salvará al país”.

Criticar a quienes quieren boicotear al Congreso no significa eximirlo de sus culpas. Muchos de los actuales legisladores viven de espaldas al país. Silbaron de costado ante varias de las denuncias de corrupción contra el gobierno de Castillo y algunos incluso actuaron con evidente complicidad. Otros se dedicaron a inflar denuncias disparatadas contra el expresidente que lo único que lograron fue desviar la atención de las que realmente tenían importancia. Hoy la calle tiene un sinfín demandas, muchas razonables y algunas descabelladas, pero en una parecen estar todos de acuerdo: debe haber adelanto de elecciones y, mientras más rápido se apruebe, mejor. En tanto, ellos siguen en su mundo paralelo. ¡Viva la semana de representación!

Héctor Villalobos es editor de Política en El Comercio