Un Congreso travieso en Navidad, por Andrés Calderón

Por estas épocas, los padres suelen recordarles a sus díscolos hijos aquel cuento de que los niños traviesos solo reciben carbón por Navidad.

¿Qué creen que encontrarían Rosa Bartra, Luz Salgado, Carlos Tubino y compañía al pie del árbol este 25 de diciembre?

A lo largo del año, el Tribunal Constitucional (TC) ha venido dando mensajes bastante claros sobre la revoltosa labor legislativa de la representación nacional.

En julio, le dijo por segunda vez a la mayoría parlamentaria fujimorista –secundada, sorpréndase usted, por el aprismo– que su regulación del transfuguismo no era constitucional. Que no podía simplemente castigar al ostracismo a los legisladores que, con válidas razones, decidieran abandonar su bancada de origen, e impedirles formar un nuevo grupo parlamentario o adherirse a uno existente.

Luego, en octubre, seis de siete magistrados del TC votaron por la inconstitucionalidad de la llamada ley Mulder o ley mordaza que prohibía casi toda contratación de publicidad estatal en medios de comunicación privados. Se trataba de una norma que vulneraba el derecho de información ciudadana y que establecía un tratamiento discriminatorio entre medios de comunicación públicos y privados, limitando la libertad de estos últimos a contratar lícitamente.

Y en noviembre, el TC volvió a decirle ‘no’ al Legislativo. En votación unánime, los siete magistrados constitucionales le dijeron al Congreso que las cortapisas que había puesto en su reglamento a la potestad del Ejecutivo de plantear la cuestión de confianza no eran válidas. Violaban la Constitución y el balance de poderes que ahí se contemplaba.

El Congreso, sin embargo, se mantuvo en desacato de la sentencia sobre el transfuguismo hasta diciembre, cuando su presidente, Daniel Salaverry, dispuso que la Oficialía Mayor tramite las solicitudes de inscripción de nuevas bancadas parlamentarias, convocatoria a la que ya han respondido dos grupos de legisladores.

Por si quedaba duda alguna, y ante las protestas de algunos imaginativos parlamentarios que creían que una comisión parlamentaria (la de Constitución) u otro órgano del Congreso (Consejo Directivo) podían cambiar el sentido de lo resuelto por el TC (o dilatar aun más su cumplimiento), el propio presidente del TC, Ernesto Blume, zanjó el debate y le quitó anticipadamente la alfombra a los “célebres constitucionalistas” que ya estaban prestos a plantear una maroma interpretativa. “[Las sentencias del Tribunal Constitucional] no se discuten, se cumplen”, recordó Blume hace unos días.

Si Ernesto Blume fuera Papa Noel (y un aire tiene), ya sabemos qué recibirían los “niños de la patria”.

El Congreso perdió la oportunidad durante el 2018 para legislar sobre asuntos de relevancia con sensatez, no simplemente para procurarse una ventaja partidaria.

Personalmente, no me desagrada la idea de establecer ciertos límites constitucionales al Ejecutivo y que este no pueda hacer de cualquier decisión suya (incluyendo iniciativas legislativas) una cuestión de confianza. Nuestra legislación de publicidad estatal, por su parte, es defectuosa y no hay verdaderos mecanismos de fiscalización de la inversión pública publicitaria. Sí se requiere una nueva ley o un reglamento, pero hasta ahora ni el Ejecutivo ni ningún legislador ha presentado una propuesta seria, que no pase del maquillaje o los parches. Y por supuesto que valdría la pena regular el cambio de bancadas parlamentarias, establecer causales permitidas y prohibidas, pero con responsabilidad y coherencia. Si la curul pertenece al partido y no al legislador, entonces, pongamos más responsabilidades sobre los grupos políticos y eliminemos el voto preferencial, por ejemplo.

Basta de leyes al caballazo, de uno o dos días de debate, sobre las que el propio TC ha llamado la atención.

Ojalá varios parlamentarios estén preparando una renovada lista de propósitos para el 2019, porque en el 2018 se estaba rifando un pedazote de carbón, y el Congreso compró todos los boletos.